jueves, 17 de enero de 2008

Desplazados por el hambre

2a quincena enero 2008

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados

Me’phaa, nu’saavi y nahuas abandonan por decenas de miles La Montaña de Guerrero. Andrajosas, familias enteras cargan con su patrimonio –sacos de maíz, petates y bolsas de harapos– y dejan cientos de pueblos desolados. Es el inicio de un humillante viaje de más de 2 mil kilómetros que los llevará, como peones acasillados, a las plantaciones de empresas trasnacionales. Su destino son campos de concentración, capataces, guardias blancas y tiendas de raya,


La Angostura, Sinaloa. Estela Santiago, de siete años, se desencaja pequeñas espinas. Observa los puntos rojos de sus manos y continúa, descalza, arrastrando un bote entre los surcos de este “campo 3” de la empresa Agrícola Exportadora de Vegetales. Vino con su familia y con todo su pueblo a contratarse como cortadora de pepino por una jornada de seis de la mañana a 5:30 de la tarde. Sale de su galera cuando aún el sol no se ha levantado por el horizonte y regresa cuando la luz se ha disipado por completo.

“¡Catorce!” –número que le asignaron en la cuadrilla–, grita cada que llega a la tina donde vacía el bote de 15 kilos de pepinos. Al final del día, la apuntadora consignará el número de botes llenados, acarreados y vaciados por Estela durante la jornada: 58.

Iván, de 10 años, se ríe de ella: él logró hacer 72. Los niños –la mayoría de los jornaleros– se agolpan alrededor de la apuntadora para que les diga sus marcas. Compiten entre ellos, como un juego, por ver quién logra el mayor número de puntos.

Es el primer día de trabajo de un grupo de me’phaa que llegó de La Montaña de Guerrero, luego de un éxodo iniciado cinco días antes que dejó escuela sin niños, casas sin personas, iglesia sin feligreses.

De acuerdo con cifras del Programa de Atención al Jornalero, de la Secretaría de Desarrollo Social, abandonaron La Montaña de Guerrero 15 mil personas. Sin embrago, cifras del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, señalan que son arriba de 20 mil las que dejaron la zona.

Montaña de Guerrero

Hombres, mujeres con infantes a la espalda, niños, viejos, salen de sus casas con bolsas de plástico repletas de ropa. Antes de que amanezca comienzan a trasladar su “equipaje”. Amontonan sus pertenencias en la única calle por la que puede ingresar una camioneta con redilas a este barrio de Guadalupe, Santa María Tonayac, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Petates, costales de maíz, cobijas, garrafones, sillas, bolsas con tortillas de maíz tostadas, refrescos, cervezas y algunas frutas son casi todo el patrimonio de las familias. Con todo se van. Dejan cuartos de adobe vacíos y corrales con algún animal que será “cuidado” por los que se quedan: el comisario, el suplente, los dos capitanes, las mujeres de cada uno de ellos y cuatro niños.

No hay despedidas efusivas. Antes de trepar a la camioneta, quienes se van y quienes aún se quedan se miran a los ojos por algunos segundos. No hay palabras ni gestos. Los rostros, duros, inexpresivos.

La última cuadrilla, la que encabeza Enrique Mauricio, comienza a salir de la comunidad la madrugada del 16 de diciembre de 2007. En dos viajes de dos Nissan, se trasladan 45 mayores de 14 años, 13 infantes “de pecho a cinco años”, y 15 de seis a 13 años. A las 10 de la mañana sale la última camioneta. Nadie los despide. Ellos tampoco vuelven la mirada atrás. Presuroso, el vehículo se pierde, a lo lejos, en una curva de la vereda. La nube de polvo se desvanece. En el pueblo, sólo el viento.

Estela, de ocho años, e Iván, de 10, se aferran a los tubulares. Sus madres –con hijos amarrados a la espalda– les ordenan que no jueguen y se sostengan con fuerza. La camioneta baja dando tumbos por un camino terregoso de más de 10 kilómetros hasta encontrarse con la carretera Tlapa-Metlatónoc, aún sin concluir. Veinte kilómetros los separan de la ciudad montañera, donde ya los esperan los otros miembros de la cuadrilla y en la que se encontrarán con el enganchador o contratista.

En la plaza del pueblo sólo quedaron los rastros de la última fiesta que celebraron juntos los 500 habitantes de la comunidad: la de la virgen de Guadalupe. Frente a la iglesia y la comisaría quedaron restos de un pequeño castillo pirotécnico, cenizas, basura de cuetes quemados y latas de cerveza pisoteadas. En cualquier dirección, el horizonte es el mismo: la cadena montañosa de color café; trabazón de cerros adustos y trágicos en los que crecen esporádicamente matorrales espinosos y árboles enanos.

—El pueblo emigra porque aquí no hay nada qué hacer –dice de manera entrecortada el comisario Andrés Martínez Villegas.

—Sí semos campesinos. Sembramos maíz, frijol y calabaza; pero la cosecha que sacamos en octubre ya se nos acaba. Si nos quedamos, de dónde vamos a sacar la lana pa’ vivir. No nos podemos quedar. Si nos enfermamos qué hacemos. No tenemos pa’ pagar dotor y aquí no hay. Dios no nos va a avisar cuándo vamos a enfermar.

El barrio emigra en grupos o cuadrillas, quienes nombran a un mayordomo para que los represente. El último grupo que partiría está encabezado por Enrique Mauricio Guzmán: de 54 años, es orador en me’phaa y entre los suyos, pero parco y desconfiado con los mestizos, a quienes les habla con sentencias entrecortadas y responde con monosílabos.

Como el de todos, su talante es desarrapado, y su semblante, desaliñado. No baja la cabeza aunque, a regañadientes, acepte –no tiene otra opción– las condiciones del contratista o enganchador, los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los choferes, los encargados de proporcionar alimentos durante el traslado, la trabajadora social, el administrador, el capataz, la tienda de raya.

Los montañeros emigran pensando en su colectividad, su pueblo. Antes que pensar en mejorar la situación de su núcleo familiar o de cada uno de ellos, piensan en lo que necesita la comunidad. Semanas previas a la partida “hacen reuniones” para decidir para qué deben “hacer cooperaciones”.

—Aquí no tenemos agua –había explicado Enrique antes de salir–. Hay que ir por ella hasta Lindavista (aproximadamente a 3 kilómetros). Apenas nos cooperamos para hacer un tanque. Ya habíamos hecho uno, pero se rajó y se sale el agua. Ahora volvimos a cooperar para hacer otro y ya lo tenemos; pero no alcanzó la lana para comprar tubos y bomba. Nomás nos alcanzó para comprar manguera, pero ésa se troza donde hay pedregal y no alcanza a llegar hasta acá el agua. Ahora que salimos vamos a juntar la lana a ver si alcanza. El otro año, con la cooperación, hicimos aula para escuela.

—Quién hace la cooperación.

—Nosotros mismos: el pueblo.

—¿El gobierno no los ha ayudado?

—¡No, qué va a ayudar! Sí queremos un gobierno que apoye, pero luego no podemos esperar. Por qué cree que salimos. ¿Por puro gusto? ¿Nomás a sufrir donde nos tratan mal y nos dan de comer cosas que nos hacen mal a la panza? ¿Y a tomar agua sucia? No, si aquí hubiera apoyo para sacar producto, la gente no sale. Pero aquí no tenemos qué comer. Nomás engañan: cuando el gobierno anda de candidato, todo va a hacer. Y ya que está arriba, no nos dejan ni llegar a la puerta.

Enrique Mauricio agrega que también se cooperan, cada año, para festejar a la virgen de Guadalupe. “Compramos velas, flores, castillos y todo lo que necesita uno para ponerle al santito”.

Apenas dos días antes el viento llevaba por las calles el bullicio de los dos salones de clase. Edith Pacheco Salazar, de 27 años, y Verónica Muñoz Ramírez, de 25, son maestras del grupo de primero a segundo grado de primaria y de tercero a quinto, respectivamente. No hablan la lengua de los niños y se auxilian de algunos de ellos para que traduzcan las clases a sus compañeros.

En las vísperas de que casi todas las familias partieran, reconocen que la escuela se quedará sin alumnos.

—Todos van a emigrar y se van a llevar a sus hijos –dice Edith–. Nos vamos a quedar con uno o dos niños por grupo. No más. Y así vamos a seguir trabajando hasta el retorno de todos los demás.

Con el contratista

Santos Mauricio –me’phaa que, a decir de los indígenas, “se pasó del lado de los patrones”– se pasea, permanentemente sofocado y sudoroso, por el río Jale de la cabecera de Tlapa de Comonfort. Gordo, moreno, de 1.65 metros de altura, calza botas de piel de avestruz, viste camisas desabotonadas y constantemente se lleva una mano a la cabeza para acomodarse su sombrero tejano de fieltro. Es el representante de la empresa Agrícola Exportadora de Vegetales. Cada cuadrilla que lleve a Sinaloa le hará ganar semanalmente 2 mil pesos. “Y sin hacer nada”, según sus propias palabras.

En uno de los puestos de comida que bordean el cauce, Santos le fija a Enrique las condiciones de la empresa y lo que “ofrece”: 135 pesos por jornada de ocho horas; galeras con luz eléctrica y baños; además, el pago del transporte en el que llegaron de su comunidad (450 pesos por viaje) y el costo del traslado en autobús de Tlapa a La Angostura, Sinaloa, donde se encuentran los campos de la agrícola, a 20 kilómetros de Guamúchil.

Santos asegura que el viaje le cuesta a la empresa 22 mil pesos. Adicionalmente, se compromete al pago de las comidas durante el trayecto; para ello, dice, la empresa dispone de 2 mil 400 pesos. No hay contrato escrito. Todo es de palabra.

Mientras, infantes juegan junto a los hilos de aguas negras del río y, a veces, con ellos; las jóvenes madres amamantan a sus bebés sentadas en la tierra y junto a pilas de desechos; los hombres vigilan sus bolsas, cajas, sillas y petates enrollados esparcidos en el suelo. Escuchan, a alto volumen, la selección de un puesto de discos compactos: chilenas y kimituvis en lengua nu’saavi.

Además de la cuadrilla del barrio de Guadalupe, otros tres grupos me’phaa aguardan en el Jale. Quienes mayoritariamente emigran son niños. Alrededor de cada pareja de adultos, se observan entre tres y cinco menores de 10 años.

Luego de un día de espera bajo el sol, la cuadrilla se traslada a la Unidad de Servicios Integrales (USI), a cargo del Programa Regional de Atención a Jornaleros Agrícolas, dependiente de la delegación estatal de la Sedesol.

Una muchedumbre con bultos camina atropelladamente en la USI. Ahí las familias se registran a cambio de una despensa con un valor de 200 pesos. El módulo cuenta con comedor, sanitarios, dormitorios, regaderas y consultorio médico. El doctor no se encuentra porque, se explica, “enfermó”.

En todo el proceso de “contratación” es la única presencia gubernamental. Y la participación de la Sedesol se reduce a registrar el número de personas que emigran, aunque los datos tampoco son precisos porque hay quienes no pasan a registrarse a la USI. Los jornaleros enfrentan, solos, a los patrones.

Además de la entrega de despensas, Daniel Catalán Estrada, representante regional del programa, se encarga personalmente de registrar a los emigrantes en la lista de un seguro en caso de fallecimiento. A cambio de cinco pesos, que se depositan en el Fondo de Previsión Social administrado por la Sedesol, los familiares se hacen acreedores a 10 mil pesos en caso de muerte del trabajador.

El funcionario señala que, de septiembre y hasta la mitad de diciembre, han salido aproximadamente 2 mil 100 familias de La Montaña y han consumido la totalidad de despensas previstas para 2007.

—Van a quedar fuera unas 500 familias más –reconoce.

Catalán Estrada admite que a las autoridades de los tres niveles de gobierno les “falta voluntad” mejorar las condiciones de los jornaleros en el proceso de migración.

“Recientemente se acordó que el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecería aquí un módulo para revisar todas las condiciones tanto para jornaleros, contratistas y enganchadores. Hay que saber, por ejemplo, si el contratista está reconocido o no por la empresa; cómo promete llevar al jornalero; verificar si hay contrato o no. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a corroborar en qué condiciones están los autobuses; y la Policía Federal Preventiva, que en el trayecto los jornaleros no tengan ningún problema.”

Catalán se refiere a los acuerdos alcanzados el 29 de noviembre de 2007 en la “Reunión de trabajo para tender asuntos relacionados con la problemática de los jornaleros agrícolas”, en la que participaron, por la federación, funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social; además, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios y la Policía Federal Preventiva. Y, por el estado, entre otras dependencias, la Secretaría de Asuntos Indígenas. Nada se cumplió.

Las familias de la cuadrilla de Barrio de Guadalupe no recibieron despensa de parte de la Sedesol. El autobús no llegó y debieron extender sus petates en los pasillos y comedor de la USI. Decidieron no utilizar los dormitorios y pernoctaron envueltos en cobijas.

Morir en La Montaña o en el surco

Desganado, el grupo de desnutridos que encabeza Enrique Mauricio aborda el autobús que envió Agrícola Exportadora de Vegetales, propiedad de Porfirio Gerardo Ríos y su hijo Gerardo. Han esperado el transporte, todo el día 16, tumbados junto a los lavaderos de la USI. Con fastidio, suben lentamente sus pertenencias.

La mayoría de los niños han enfermado del estómago; pero entre todos, destaca Maricela, de tres años de edad y con desnutrición severa. La infante padece de vómito, flemas y fiebre. Su madre sostiene su cuerpo desguanzado y, casi a hurtadillas, se asoma a su rostro amarillo, cadavérico y ojeroso.

—La niña no se puede ir. Lo que necesita es estar internada –dicen en la USI.

Los padres se niegan a dejarla. No tienen con quién. Y tampoco pueden quedarse. Se busca la intervención del mayordomo.

—Enrique, ésa niña no se puede ir. Se les puede morir en el camino.

—Que vaya. De por sí, si se queda aquí, se va a morir de hambre.

El viaje

Los niños, desganados, se asoman por las ventanillas mientras sale de Tlapa el autobús, un humeante y viejo Dina, modelo 1973, con placas 814RBI, de carrocería parchada y llantas gastadas. Sólo le funciona un faro y es de luz alta.

Los choferes Jorge Castelán y Luis Arturo Montenegro “regañan” a los indios por “viajar hasta con la gallina”. A lo largo del viaje, cuando les soliciten detener el autobús para ir al baño, los bajarán en llanos, a veces yermos. Hombres, mujeres y niños harapientos, descalzos, correrán buscando matorrales. Y cuando el autobús pase por una gasolinera, los empleados, presurosos, cerrarán las puertas de los baños.

Al interior del autobús, cada par de asientos está reservado para una familia. Los padres acomodarán entre ellos a dos o tres hijos; los demás viajarán tirados en el pasillo, entre costales de maíz, botes y cajas. Algunos adultos también tendrán que ir de pie: han preferido colocar sus pertenencias en las butacas.

—Así como ves este autobús, está rebueno –dice Luis Arturo Montenegro mientras se ataja el sol con una mano, a falta de visera–. Tiene televisión; ¡pero para éstos, no!

Mientras lava el parabrisas, apenas disimuladamente avienta chorros de agua contra “esa gente”.

El autobús, siempre por carretera libre, se enfilará hacia Puebla y, luego hacia Cuautla, Morelos. En Juquilita los choferes anuncian que van a cenar. Después de cinco horas de viaje, los jornaleros bajan del autobús. No compran nada: ya no tienen dinero. Las madres, pálidas, ofrecen sus pechos a los infantes.

Antes de ingresar a la ciudad de México, el autobús se detiene por una hora y media. Jorge Castelán espera que sea de madrugada antes de ingresar al Distrito Federal, “porque si no, las patrullas nos ponen una chinga”.

Durante las primeras horas del 17, los jornaleros rodearán la capital del país. Casi clandestinos salen de la ciudad y les amanece en Querétaro.

Antes de las 10 de la mañana llegan al restaurante El Sabino, en Pénjamo, Guanajuato. El lugar, modesto, sirve frijoles con trozos de carne, chiles y tortillas. Para los choferes, carne asada. El costo del desayuno, costeado por la agrícola fue, supuestamente, de mil 200 pesos. Mientras esperan la reanudación del viaje, las mujeres cambian pañales a sus hijos y limpian de pulgas y piojos a sus infantes.

La siguiente comida será hasta las 9:30 de la noche, en el restaurante El Ceboruco a las afueras de Ixtlán del Río, Nayarit, luego de haber dejado Guadalajara y los cerros verdes de agaves. En el local, sucio, maloliente, con baños nauseabundos, demorarán la atención por más de dos horas, pues privilegian a los que pagan en efectivo que a los jornaleros. La segunda y última comida prometida por la empresa, supuestamente, también tuvo un valor de mil 200 pesos.

Luego de más de mil 400 kilómetros recorridos, los jornaleros llegan a Sinaloa. La primera medida de las autoridades es someterlos a una “revisión fitosanitaria” y, alrededor de las tres de la mañana del día 18, son bajados del autobús. “No pueden pasar fruta”, les dicen y tienen que dejar mandarinas, naranjas y plátanos. “Son las disposiciones que tenemos en el estado”, señalan con parquedad ante los reclamos.

Amanece en Mazatlán. Niños vomitan en bolsas de plástico que son lanzadas por las ventanillas del autobús. Los choferes advierten que no habrá más pausas “ni para ir al baño” hasta la llegada a las galeras.

Noventa kilómetros después de Culiacán y 20 antes de Guamúchil, el autobús entra a un camino terregoso. Ha llegado a los campos de Agrícola Exportadora de Vegetales. Luego de 44 horas de traslado y más de 2 mil kilómetros recorridos, los me’phaa de La Montaña de Guerrero llegan a su lugar de trabajo.

Las galeras

El alambrado que bordea las galeras es usado como tendederos de ropa de las cuadrillas que previamente han llegado. La nave se compone de 144 cuartos de tres por cuatro metros divididos por láminas galvanizadas. Como en su comunidad de La Montaña, el piso del que será su hogar durante los próximos cuatro meses tiene piso de tierra y no hay agua potable. Reciben sus cuartos sucios y deben contener el aliento mientras los asean. “Gozan”, como dice el administrador, de una conexión eléctrica y una bombilla.

Se encuentran con que “por detalles”, según el administrador de la empresa, Óscar Carrillo, los trabajadores no ganarán los 135 pesos prometidos por una jornada de ocho horas, sino 90 pesos. Si insisten en ganar los 135, deberán laborar 10 horas y media. La hora de comida se ha transformado en media hora y sólo comen dos veces al día. Ellos costean todo y deben comprarlo en la tienda, donde aproximadamente les cuesta 30 por ciento más caro que en cualquier otro lugar.

Si los jornaleros no están de acuerdo, antes de irse deberán pagar a la empresa “lo que ya le deben: los gastos del traslado”. Pero si se endeudan en la tienda, la única del campo, tendrán que saldar también la cuenta con “los abarrotes”.

Las denuncias se multiplican: mazatecos, triquis, mazahuas, nu’saavi, me’phaa y mestizos de Guerrero, Oaxaca y Morelos dicen que las 450 personas que, hasta el momento, son concentradas ahí no tienen agua potable. Se bañan en el agua estancada de una zanja y beben sólo la que pueden comprar en la “tienda de raya”, como le llaman. Todos coinciden en que se les dijo que ganarían 135 pesos por una jornada de ocho horas; pero que al llegar se encontraron con que les pagan sólo 90.

—Se les mencionó que no es exactamente 135 pesos; pero esos son detalles –dice, molesto, Óscar Carrillo–. Se dicen engañados, pero son argumentos de la gente para tratar de sacar cosas.

Aunque no firman contrato, asegura que en esta empresa tienen garantizados todos los derechos que la ley señala.

—Tienen las condiciones de trabajo normal y las condiciones de vivienda, que consideramos que no son de las mejores, pero están en lo normal. Ellos tratan de confundir, de engañar, sacarle jugo a esta situación –dice sin poder contener las muecas de desprecio. Enseguida, agrega:

“Si ellos se fugan de un lugar y se van a otro, no hay problema. Eso lo podemos coordinar nosotros con el otro patrón. Ésas son las reglas.”

—¿Tienen algún mecanismo para que no se “fuguen”, como dice usted?

—Por más cercado que tengas aquí, se te pueden fugar. Pero esto es nada más a raíz de gente que anda incomodando a la gente.

—Las personas señalan que la tienda es muy cara.

—Estamos supervisando la tienda para que no se abuse de esa gente.

—De quién es la tienda.

—Eh… De un hermano… de un compadre –dice con el rostro tenso–. Pero muy independientemente de que sea de ellos, no estamos para tolerar eso.

—Le llaman tienda de raya.

—Nada qué ver. Aquí la gente tiene la libertad de comprar donde le convenga.

—Pero es la única.

—No, enseguida hay tres más para allá. Aquí, a 15 o 20 kilómetros están los supermercados grandes. Y la tienda les está dando un servicio de crédito.

—Ha de haber varios endeudados…

—Es muy posible. Desgraciadamente siempre pasa.

—¿Cuentan con seguridad privada?

—Se anda en trámites para meter seguridad privada para darle tranquilidad a la gente. Aquí luego se rompe la tranquilidad por ellos mismos, por costumbres de sus pueblos, es por costumbres de ellos.

Los me’phaa provenientes de los pueblos de Juquila y Aguadulce, también de La Montaña de Guerrero, no estuvieron de acuerdo con ganar 90 pesos diarios y se van del lugar. Sus comunidades juntaron 17 mil pesos para que los dejaran salir. El resto lo pagaron con trabajo que la agrícola no les retribuyó.

El sol se ha ido. Enrique y su cuadrilla aguardan fuera de las galeras. Esperan que el olor nauseabundo se disipe.

—Allá en el pueblo no hay agua. Y aquí es igual. Nos tenemos que bañar en un caño. ¿Y ya viste cómo está el cuarto? A poco es cuarto de Sinaloa. Ni mi cuarto de La Montaña está así. Y luego nos engañan. ¿No que iban a pagar 135? Y nos tratan así, nomás porque semos indígenas –concluye, abatido, a más de 2 mil kilómetros de su casa y luego de 44 horas de camino–.

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Emigrantes internos, invisibles: Tlachinollan

“Esta migración interna no interesa al gobierno”, dice el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera. Agrega que sólo hay exhortos oficiales de que se trate bien a los mexicanos que llegan a Estados Unidos; pero no se habla de los mexicanos del sur que salen a trabajar a los campos de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

El antropólogo rechaza que la migración masiva que padece la Montaña de Guerrero se deba, como han señalado autoridades de los tres niveles de gobierno a “la costumbre” de los indígenas.

“Aquí el problema es el hambre. El gobierno no garantiza la alimentación del agente que vive en el campo. Con lo que una familia siembra en La Montaña, llega a cosechar 400 kilos de maíz. Y eso les alcanza para alimentar a ocho personas durante tres meses; pero eso implica que no se enfermen, que no tengan que invertir en ropa ni en escuela para los hijos. Y cuando se les acaba, no tienen nada que comer.” (ZC)

Indígenas, 90 por ciento de emigrantes

La Montaña de Guerrero abarca casi 11 mil kilómetros cuadrados. En esa superficie abrupta están diseminadas más de 600 comunidades indígenas, pertenecientes a 19 municipios: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas. Todos son expulsores de mano de obra. Oficialmente, es la zona más pobre del país.

De acuerdo con el estudio Migrar o morir: el dilema de los jornaleros agrícolas de La Montaña de Guerrero, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, los destinos de los montañeros son los campos agrícolas que venden sus productos en el mercado estadunidense y que están ubicados en Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur.

Isabel Margarita Nemecio, coordinadora del Programa de Jornaleros Agrícolas, de Tlachinollan, y autora de la investigación, señala que “el tema de la migración interna es casi desconocido, a pesar de que en nuestro país emigran de un estado a otro 3 millones 100 mil personas. Más del 90 por ciento son indígenas que provienen de las zonas más pobres y olvidadas”.

De acuerdo con datos proporcionados por la organización, la mayor parte de los 20 mil indígenas que salen de La Montaña van agrupados en 180 grupos y cuadrillas de entre 65 y 85 personas. (ZC)

Agrícolas exportadoras ubicadas en Sinaloa

Empresarios

Campos

Rolando Andrade Mendoza

Las Flores del H
Rebeca
Rebeca
Humaya I
Humaya II
Guayabito H
Valdez Quintero
Pueblo Nuevo
Santa Rosa H
Siete Copas el 92

Tehojari Crisantes

Cardenal I

Diego Ley López

Batán I
Batán II

Eduardo de la Vega Echavarría

Verónica I
La Veintiuno
Toboloto
La Quince
Tenería
México y Oriente

Raúl Bátiz Guillén

La Pequeña Joya
Santa Lourdes
Cinco y Medio
Mezquitillo
Margarita
Penjamito
El Trinquete
Sauz

Sergio Paredes Vedugo

Santa Alicia
Pequeña Joya 2
Santa Lucía
Santa Aurora
El Conejo
San Julián

Basilio Gatziones Torres

San Marcos
San Jorge
Arkadia I
Arbaco

Eduardo Ritz Haberman

Saucito I
Saucito II

Víctor Espinoza Ávila

Laguna

Daniel Cárdenas Izbal

Acapulco
Progreso
Cafetal
Porvenir
Porvernir II

Gonzalo Ávila

Don Gonzalo

José Carlos De Caracho

Chulavista

Elsa Dinorah Sulivan Bon Bustamante

San Luis
Santa Martha

José Guadalupe Cárdenas Izabal

San José Cárdenas
El Milagro
Zazueta Cárdenas

Victorio Modesta Rivas

Podesta
Canán

Jorge Gotzis Rico

Ranchito
Vaqueta
Tres naciones

Ernesto Urtuzuástegui A.

Esperanza
Pía

Jesús Loya Castro

Chapeteado
El Niño
Cinco P
San José
Batallón

Jesús Masao Castro

Dificultades

Luis F. Hernández Acedo

Isabelitas
Santa Fe II
Primavera
La Colorada
Eureka

Jesús Hernández Monge

María Candelaria

René Carrillo Caraza

Realito
Isabeles
El 44 (El 7)
Patricia
Érika
El Toro
Nota
El Cardenal

Ortiz Hernández, hijos

San Antonio
Arkadia II

Gildardo Gastélum Angulo

San Emilio

Ángel Antonio Beltrán

Santa Fe I

Rosario Antonio Beltrán

Lo de Beltrán

José María Pablos González

El 7
Buenavista

José María Gallardo Inzunza

El Chaparral
El 10
Esmeralda
Argentina
Casas Blancas

Canuto Valenzuela Parra

San Javier
Camarena

Severo Gutiérrez Beltrán

San Severo

Alfredo Careaga

Careaga

Adolfo Clouthier Montoya

San Rafael

Eduardo Leyson Castro

San Isidro
San Pablo

Roberto Tarriba Haza

Ceuta
Caimanes
Bellavista
Toyoltita

Luis Manuel Clothier

Mac

José Gaspar Espinoza Lugo

Obispo
Canachi
Ocoroni (Playitas)

José Abraham Líchter Salido

La Flor I
La Flor II
Pericos

Héctor Miguel González

Fortuna
Gema

Ángel Demerutis Elizarraras

Los Ángeles
Pénjamo
La Panza
Alamitos
Campaña
José de Pénjamo
Salsipuedes
Ebia

Eduardo Fontes

Alamitos II

Alejandro Canelos Rodríguez

Oaxaca
José de Canelos
Zazueta
Álvarez
Alonso
San Luis Canelos
Santa Cecilia
Mula

Eduardo Ruiz Iturrios

Sacrificio
Tabacal
Campo Nuevo
Tres H’S
Guerrero
Guayabito

Agrícola Paralelo 38 S de RL de CV

Paralelo 38
Chorizo

Enrique Rodarte Salazar

Santa Elena

Elva Podesta Reyes

El Pagador
Nuevo México

Demetrio Crisantes Enciso

Cardenal II
Cardenal III
Eureka II
Verónica II
Verónica III

Sol y Arenas de México S de RL de CV

Perras Pintas
El 36

Juan Kastis Perú

Las Flores

Guillermo Amarante Leal

Banco
Beltrán
Amher (Santa Aurora)
Bateas

Mario Daniel Espinoza Lugo

El Retiro

Teodoro Glaros Single

Los Laureles

Jorge Kondo López

Las Bebelamas

Ramiro Castro Soto

Díaz
Santa Isabel
Yory
Macarena
Filipina

Arturo Lomele Villalobos

Durán
El Brujo
Ramos
Robles
La Cien
Santa Anita
Bachoco
El Campito

Ernesto Echeverría Salazar

El Gallo
Sacramento

Benjamín Bon Bustamante

Bamoa I
Bamoa II
Bamoa III
Bamoa IV
Bamoa V
Bamoa VI
Bamoa VII
Bamoa VIII
Bamoa IX
Bamoa X

Carlos Bátiz Echevarría

Santa Martha
San Fe

Jesús A Takeda Mizayawa

San Rafael

Carlos Castro Sánchez

Cremcas

Eduardo Labastida Ochoa

El 15
Lima
Santa Blanca

José Alfredo Tapia Mejía

Granero de Oro
Canal Alto
Lote 3

Javier Angulo Hernández

San Javier
Campestre

Basilio Geordacópulos Canelópulos

Nío

Manuel Ruelas Vázquez

Paredones

Miguel Ángel Echevarría Vla

Maeva

Felipe Figueroa Gallardo

Figueroa

Guillemo Aguirre Borboa

Don Guillermo

Porfirio Gerardo Ríos

Tatemitas

Total: 70

200

Fuente: María Teresa Guerra Ochoa,

Los trabajadores de la horticultura sinaloense, Universidad Autónoma de Sinaloa-Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa.


Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 2a quincena Enero de 2008 | Año 5 | No. 94

http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/enero2/htm/desplazados-por-el-hambre.htm






miércoles, 16 de enero de 2008

Cada expresión lingüística tendrá tratamiento de lengua en espacios oficiales


Karina Avilés

lunes 14 de enero de 2008


Con el propósito de “evitar la discriminación”, a partir de hoy las variantes lingüísticas de los pueblos indígenas adquirirán un rango oficial por el que deberán ser tratadas como lenguas en los espacios educativos, de salud, de servicios, de impartición de justicia, así como en la realización de trámites y requerimientos de información pública.


Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentará este lunes, con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, el cual considera 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias.


De acuerdo con una síntesis de dicho catálogo, elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), es “impreciso” el uso que se ha dado al concepto lengua, en relación con la diversidad lingüística mexicana.


A partir de la época virreinal, o quizá desde antes, agrega, “se difunde la creencia de que los pueblos indígenas hablan ‘una sola lengua’, altamente uniforme en todos sus componentes, sin advertir, las más de las veces, la existencia de distintas clases de variantes lingüísticas, explicables bien sea por razones geográficas, genealógicas o sociales, como ocurre en todo el mundo”.


En razón de lo anterior y para “evitar la discriminación lingüística”, las variantes deberán ser tratadas como lenguas. Dicho catálogo establece también que en la representación de los nombres, para el caso de las agrupaciones lingüísticas que se hablan mayoritariamente en el extranjero, se respetaron las normas ortográficas empleadas por los hablantes de sus respectivas comunidades no mexicanas.


Así, para el caso de la agrupación lingüística kikapú, se utilizó la forma empleada en inglés, “a partir de que esta población desarrolla la educación formal escolarizada en Estados Unidos”.
En el caso de las lenguas de origen guatemalteco, se siguió la normatividad aprobada por la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, la cual tuvo origen en las mesas de trabajo del proceso de la firma de los acuerdos de paz, de diciembre de 1996.


El INALI realizó una taxonomía de la diversidad lingüística de los pueblos indígenas, a partir de tres categorías: familias, agrupaciones y variantes lingüísticas.


Familias de lenguas


Consideró 11 familias indoamericanas, en razón de que cada una de éstas se encuentra representada en México “con al menos una de sus lenguas”. Y son las siguientes: álgica, yuto-nahua, cochimí-yumana, seri, oto-mangue, maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-zoque, chontal de Oaxaca y huave.


En cuanto a las agrupaciones lingüísticas, éstas pueden estar conformadas por conjuntos de una o más variantes y, a su vez, se encuentran relacionadas con un pueblo indígena. Por ejemplo, la agrupación tepehua está relacionada con el pueblo indio del mismo nombre y también presenta una diversidad que fue caracterizada en el catálogo con el reconocimiento de tres variantes.
En total, el INALI consideró 68 agrupaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: akateko, cucapá, chocholteco, guarijío, ixil, kumiai, mayo, maya, mazahua, tojolabal, zapoteco y tepehua.


Por otra parte, en los casos en los que el nombre de una agrupación es igual al de otra, se agregó un elemento diferenciador de carácter geoestadístico. Tal es el caso del chontal de Oaxaca y el chontal de Tabasco.

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/14/index.php?section=cultura&article=a05n1cul

Lanza el GDF campaña para revitalizar el náhuatl

Emprende programa para usar esta lengua en la alfabetización de comunidades rezagadas
Fernando Camacho Servín

El náhuatl es un idioma vivo y en plena evolución. De ello pueden dar testimonio los dos millones de hablantes con los que cuenta en por lo menos diez estados del país. Sin embargo, la gran mayoría de ellos no saben cómo escribir en su propia lengua y viven excluidos de la educación formal.

Para atender a esta franja de la población y al mismo tiempo revitalizar el idioma originario del valle de Anáhuac, el Gobierno de Distrito Federal (GDF) pondrá en marcha un programa mediante el cual llevará la educación básica a las regiones más marginadas de la capital, con el náhuatl como lengua de instrucción.

El objetivo, de acuerdo con el secretario de Educación, Axel Didriksson, es promover el náhuatl como la lengua “oficial” de la ciudad de México, en el contexto de la formación de una Carta Magna para el DF.

La Jornada consultó la opinión de diversos actores involucrados o interesados en este proyecto, que pretende ayudar a “desmontar la estructura del racismo” en el país.
Un modelo de “transformación radical”

A decir de Rocío Casariego, investigadora y funcionaria de la Secretaría de Educación capitalina, este proyecto busca hacer del náhuatl la “lengua oficial” de la ciudad, pero no con un enfoque meramente antropológico, sino educativo y “muy concreto”.

La idea es adoptrar un modelo de “transformación educativa radical”, en el que coexistan el español, el náhuatl e incluso otras lenguas originarias, en un esquema pedagógico que privilegie el desarrollo de las habilidades cognitivas y la escritura, por sobre la simple acumulación y repetición de datos.

Los llamados Centros de Transformación Educativa (CTE) iniciarán actividades en enero de 2008 como un programa piloto, en al menos 20 puntos de la ciudad, uno por cada delegación, y dos en las entidades de más alta marginación social, como Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Milpa Alta.

Ahí, un grupo de “facilitadores” –de preferencia jóvenes de la misma comunidad, capacitados por las autoridades del GDF- impartirá clases a nivel preescolar, primaria y secundaria, para al menos 24 alumnos por centro, sin importar su edad.

Estas escuelas “alternativas” funcionarán de lunes a viernes, con opción de hacerlo también sábados y domingos, en tres horarios: matutino, vespertino y nocturno. El objetivo es que a finales de ese año se atienda a unos 250 alumnos por cada centro, y para 2012 haya un total de mil 650 CTE.

“No seguiremos la idea de la escuela tradicional, donde te sientas, te callas y obedeces lo que te dice el maestro. Lo que queremos es fomentar la competencia en razonamientos complejos y escritura, porque muchos hablantes de lenguas indígenas no saben cómo escribir en ellas”, explicó Casariego en entrevista.

La diferencia fundamental, dijo, es que en este proyecto el náhuatl no será una asignatura más, como ciencias naturales o matemáticas, sino la lengua misma de enseñanza.

El objetivo final de este experimento educativo es el de respetar el derecho humano de los hablantes indígenas de ser educados en sus propias lenguas, “que no tienen prestigio social ni espacios en los grandes medios de comunicación”.

Sin embargo, aún hay varias cuestiones centrales por definir, entre ellas el presupuesto exacto que el gobierno de Marcelo Ebrard dedicará al programa, y la variante del náhuatl que se tomará como modelo para enseñar, pero Casariego asegura que cada centro contará con condiciones de estudio dignas: mobiliario escolar, una computadora y uso de Internet.
Si bien es cierto que no se han creado las herramientas para que el náhuatl y el resto de las lenguas indígenas del país se utilicen en el estudio de ciertas disciplinas científicas, por ejemplo la química, este paso busca ser el primero en ese sentido.

“Este modelo pretende colaborar al desmantelamiento de la marginación y el racismo, incluido el de los indígenas (contra sí mismos). Siendo esta una de las ciudades más grandes de América Latina, puede tener un impacto cultural muy importante”, señala.

¿Quiere un buen trabajo en París?, aprenda náhuatl

Para el dibujante y diseñador veracruzano Ulises Valiente Argüelles, la vida dio un giro total hace 15 años. En 1992, conoció al maestro Joaquín Galarza (1927-2004), etnólogo que logró sistematizar el estudio de la escritura azteca, y desde entonces se ha dedicado a continuar su obra.

Autor de nueve libros sobre el idioma náhuatl, entre ellos algunos estudios sobre la Coyolxauhqui, el Temalacate de Tezcatlipoca, la toponimia del valle de Anáhuac y diversos códices, Valiente tiene una posición reservada frente al programa del GDF.
Aunque a escala nacional el náhuatl goce de “buena salud”, en la ciudad de México la situación es, según él, “sumamente crítica”.

En Milpa Alta, zona donde él trabaja, la mayoría de los nahuahablantes con mejor dominio del idioma ya tienen 70 años o más, y sus hijos y nietos van perdiendo de a poco sus habilidades comunicativas, o no les interesa ejercerlas.

“De hecho –cuenta- hace 15 días falleció el nahuatlato más importante de Milpa Alta, quien había heredado una serie de historias, relatos y anecdotarios. El era el último que se lo sabía todo en náhuatl.”

Con él “se murió la biblioteca de las tradiciones de la región. Ahora ya no hay nadie que conserve ese grado de cultura. Ese evento, para mí, marca el declive final de la lengua en el Distrito Federal”, considera.

Desde su óptica, el factor que ha propiciado la lenta desaparición del náhuatl es el “descubrimiento” que de él hizo el gobierno central del DF a mediados de los años 50 del siglo pasado.

El relativo aislamiento en que se mantuvieron las zonas de nahuahablantes por décadas, se terminó con los estudios que una misión antropológica francesa realizó ahí, lo que a la postre atrajo también la atención de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una de las consecuencias negativas de este suceso fue la urbanización acelerada de Xochimilco y Milpa Alta, y la pérdida paulatina de algunos rasgos culturales de esas regiones, incluido el idioma.

Paradójicamente, mientras aquí pierde influencia, la lengua “es altamente apreciada en el extranjero. Tú puedes hacer maestrías y doctorados sobre náhuatl en la Universidad de la Sorbona y en un instituto privado de Alemania, que es el mejor del mundo en esta materia. Ahí están los nahuahablantes más cultivados, no en México.”

Pero también de esta situación se pueden sacar ventajas y lecciones pragmáticas, por controvertidas que parezcan. “El náhuatl puede ser una bomba publicitaria. Para no desaparecer, tiene que ser difundido como un producto comercial, y consumido como tal. Tiene que entrarle al juego de la mercadotecnia de los idiomas y demostrar su valía”, afirma el académico y criptólogo.

Si se le difunde con una estrategia adecuada, “habrá personas que lo quieran aprender, por lo menos por cultura general. Pareciera como sembrar en el mar, pero no es así. Tenemos que difundir que tienes que aprenderlo, porque así, por ejemplo, puedes irte a Francia y pasarte tres meses dándole clases a doctores y maestros.”

Para Valiente, quien tiene más de siete años de experiencia en la enseñanza de la lengua y cultura náhuatl, la clave para revitalizar este idioma es, por un lado, desarrollar una pedagogía adecuada, porque de lo contrario “sólo se generaría aburrimiento y deserción, y la condena de que se va a extinguir irremediablemente.”´

La otra vertiente debe ser cultivar la investigación “seria y metódica”, porque actualmente se llevan a cabo muchos estudios simplemente apreciativos, y el resultado de ello puede ser una “cultura fragmentada”, en la que ya no se pueda avanzar más.

Ulises Valiente, quien participó hace algunos años un programa de enseñanza de náhuatl en escuelas secundarias de Milpa Alta, considera que el idioma debe enseñarse como un taller relacionado con las llamadas “ciencias duras”, porque es precisamente este ámbito el que más alejado ha estado del náhuatl.

“No se puede describir en ella la jurisprudencia ni la ciencia de un país, una fórmula química o el instrumental de un cirujano, por ejemplo. Para ello, se requerirían al menos 15 o 20 años de trabajo previo y muy profundo, antes de enseñarlo de manera seria” y en todos los niveles, señaló.

Cualquier intento de rescatar el idioma “es bueno”, pero si no se cumplen los requisitos anteriores, todo se reduce a simples anuncios periodísticos. “Perder el idioma sería como perder un patrimonio genético, sería una devastación y hay muchos idiomas en este riesgo.”

Puente social entre indígenas y mestizos

Con respecto a este tema, el escritor, traductor y poeta Carlos Montemayor prefiere encomiar el esfuerzo del gobierno capitalino y pone de relieve la gran extensión territorial del náhuatl y el hecho de que no en todas las regiones hay “brecha generacional” entre hablantes.

El coordinador del Diccionario del náhuatl en el español de México, volumen de reciente aparición editado por el GDF y la UNAM, considera que “la continuidad de una lengua sólo depende de los hablantes que la poseen”, y el proyecto del gobierno capitalino se encamina a tender lazos entre las sociedades indígena y mestiza.

“El mexicano es sumamente racista, y excluye de su realidad al indio de carne y sangre. Un acercamiento al náhuatl favorecería una mayor comprensión de este mundo y ello sería benéfico para la cultura en general, no sólo para la lengua náhuatl”, evaluó Montemayor.

Este proyecto, además, contribuiría a revalorar los idiomas originarios en general, que enfrentan el “prejuicio constante de ser dialectos. Esto es un error, porque no hay lenguas superiores ni inferiores. La enseñanza del náhuatl en el DF ayuda a una mejor comprensión de la riqueza lingüística del país.”

Pese a las carencias o dificultades en esta labor, Montemayor enfatiza que “se tiene que empezar en algún momento. Hay que reconocer lo acertado de la medida y sus propósitos. Debemos congratularnos de que estas políticas educativas se abran paso en un país que está desmantelándose. Sólo la continuidad le dará sentido a todo”.

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/14/index.php?section=cultura&article=a05n1cul