CARLOS MONTEMAYOR
La aparición del EZLN enfrentó a México súbitamente con una realidad militar e ideológica difícil de aceptar. Teníamos varias alternativas para explicarnos el conflicto armado de las primeras horas de 1994. Podíamos darnos explicaciones válidas o espurias. Explicaciones para justificar, ocultar o reconocer situaciones políticas y sociales en que vivimos. De la claridad con que viéramos las distintas dimensiones del conflicto dependería la posibilidad de su comprensión y solución. Cada una de esas dimensiones encerraba, además, como en círculos concéntricos, diversos elementos particulares o generales, a escala nacional o continental, que hacía de Chiapas tan sólo un punto extremo de un mismo proceso que nos afectaba a todos.
En efecto, cualquier conflicto armado provoca una demostración oficial inmediata y una represión no menos vertiginosa. La descalificación es la primera arma que se esgrime contra un levantamiento popular, urbano, campesino o indígena; la segunda arma es la policiaca o la militar. Y se descalifica negando, o intentando negar, su naturaleza, sus causas, su magnitud o su profundidad social. Se bloquea o confunde la información para dar paso a una versión oficial de acuerdo con las buenas conciencias del poder político, económico o prestigioso del país. Pero los mexicanos podíamos darnos la oportunidad ahora, darnos el derecho ahora de enfrentar críticamente esas dimensiones sociales y políticas que la madurez civil nos exigía y apartar el temor a mirarnos a los ojos, a descubrir nuestro rostro actual.
El primer riesgo de una explicación espuria era reducir todo a un conflicto militar, particularmente por la cicatriz indeleble que dejan las soluciones militares en los pueblos campesinos e indígenas de México. He dicho ya que es más fácil pasar inadvertido en las calles de una gran ciudad que en las sierras indígenas de México. Debíamos reconocer, pues, que el levantamiento contaba con el apoyo de las comunidades indígenas de esa zona porque lo encubrieron, protegieron o ayudaron a lo largo de años. Y sería ilusorio creer que los indios lo apoyaron por su inocencia y analfabetismo, o porque alguien les hubiera leído en voz alta un breviario ideológico o los hubieran amenazado o reclutado a centenares como en la leva porfirista. La disposición de comunidades enteras para apoyar un movimiento así, al menos con el silencio, la provocan y explican agitadores sociales muy evidentes en Chiapas: el hambre, el despojo, la represión, la cerrazón de autoridades políticas y judiciales, la presión de ganaderos y terratenientes. Casi 80% de la población de las zonas en conflicto no tiene drenaje, agua entubada y potable, luz eléctrica, sistemas hospitalarios, comida. Debíamos comprender ya que la extrema pobreza puede alguna vez marcar la disposición a la violencia.
Pero debíamos reconocer otro hecho: que los terratenientes, ganaderos y ciertos políticos de la comarca han acrecentado su poder a costa de los campos, los bosques y las selvas indígenas. Las comunidades han reclamado durante años este despojo en vano y la lucha por la tierra es el origen principal de desequilibrio social en ese estado. El despojo agrario y la miseria extrema son los dos aspectos fundamentales de ese desequilibrio en Chiapas. Sin reconocer ambos aspectos, no estaríamos en posibilidad de entender las condiciones de su solución.
Porque precisamente los esfuerzos visibles de negociación por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional Indigenista o el Sector Salud, por ejemplo, solucionarían sólo una parte del rezago económico indígena al dotarlos de energía eléctrica, drenaje, caminos, educación o servicios de salud. Pero los conflictos agrarios no son competencia de esas instituciones federales: para resolver éstos se requiere de un cese radical en la expansión y actitud agresiva de los terratenientes, ganaderos y políticos de Chiapas. Sin cubrir ambos aspectos la solución siempre sería parcial; es decir, no sería solución.
La tierra para las comunidades indígenas no es sólo un asunto de productividad y ompetitividad: es la razón esencial de su conocimiento de la vida, es el suelo que las ata a la vida, que las une al mundo invisible y al mundo visible, que las une con la comunidad ancestral de hombres y dioses, que contiene la raíz de sus valores éticos, económicos, familiares; que es el soporte de su cultura. Por ella siempre han sido capaces de dar la vida. Por ella son capaces de apoyar, cuidar, encubrir o sumarse a un movimiento armado que osa enfrentarse al gobierno y al ejército nacional. Todos los mexicanos de las ciudades desconocemos que para las comunidades indígenas, para los campesinos empobrecidos, desde hace décadas la palabra gobierno es sinónimo de soldado. En el universo del lenguaje indígena y campesino el gobierno es el ejército, la policía o cualquier control visible de fuerza. Y desde la más tierna infancia aprenden a incluir en la palabra a las otras autoridades que no apoyan, ni apresuran ni escuchan sus demandas legales.
En su universo de lenguaje, levantarse contra el "gobierno" no es un asunto de candidez, sino de acorralamiento. Por tanto, con reducir el conflicto de Chiapas a su dimensión militar, o con aniquilar o neutralizar al grupo central o más altamente adiestrado del EZLN, no estaríamos solucionando el conflicto social en que se produjo o se incubó el apoyo al grupo armado. No debíamos minimizar tampoco la capacidad de convocatoria de los insurrectos, así fueran nacionales o extranjeros, sobre todo en el continente que se ha regido por el intervencionismo norteamericano: Estados Unidos ha siempre asesorado y financiado las estrategias contraguerrilleras en muchos de nuestros países.
Pero hay otra dimensión mayor que engloba este conflicto y que lo ilumina desde otros ángulos de la realidad nacional e incluso continental: el racismo. Chiapas es solamente el punto extremo de la discriminación racial que padece el indígena en México. Sólo un prejuicio racista tan arraigado como el que prevalece en la mayoría de los ganaderos, empresarios y políticos chiapanecos, y aun en gran parte de la población mestiza de clase media, puede explicar la falta absoluta de respeto por el patrimonio, la vida, la salud, la educación, la alimentación, la cultura y las tierras, los bosques y las selvas de las comunidades indígenas. Los ganaderos de las zonas en conflicto han pedido durante los últimos diez años que el ejército mexicano entre a sofocar toda resistencia agraria de los indios. Vocación tan sanguinaria floreció entre los encomenderos y estancieros de los siglos XVI y XVII. La superación de ese racismo tan atrasado en Chiapas requiere de una madurez civil, inteligente, política, para aceptar que el mestizaje es una realidad vital en México y en nuestro continente. El desprecio taimado o abierto que en la sociedad mexicana aún se siente contra el color de la piel, el lenguaje y los rasgos indígenas, nos indica que aún no resolvemos nuestro mestizaje ni nuestra admiración o respeto por las culturas que florecieron aquí antes de que incluso la lengua española existiera en el mundo.
Nuestro destino no puede ser el de la barbarie racista que en Europa ha ensangrentado la tierra de la vieja Yugoslavia o que otros europeos llevaron a Sudáfrica. No puede ser tampoco el de Estados Unidos, que optó por exterminar a la población indígena y que aún no resuelve la sucesiva discriminación racial contra la población negra y las minorías asiáticas e hispanas. El mestizaje es nuestra vida, el camino para reafirmar la libertad de los pueblos y culturas que deben acrisolarse en México. Es un asunto de todos, una responsabilidad de todos. El México profundo otra vez nos avisaba que estábamos lejos de nuestro cabal desarrollo; nos decía, otra vez en su sangre derramada, que debíamos recomenzar.
He mencionado ya que poco antes del término de su mandato, Carlos Salinas de Gortari reveló en una entrevista con Regino Díaz Redondo, director del periódico Excelsior, su opinión personal sobre el conflicto chiapaneco. Para él se trató de un alzamiento provocado por los intereses de un grupo político que se propuso en vano desestabilizar su régimen e impedir las elecciones del 21 de agosto. Con tamaña deformación de la realidad política era claro que no se sentía obligado a tomar en serio ninguna medida de fondo. Por ello el rezago agrario no era importante; ni los despojos ejidales; ni la creación de ejidos artificiosos y tendenciosos como el Thomas Münzer; ni la existencia de haciendas con cepos, cárceles y guardias blancas; ni la nula procuración de justicia para los indígenas reprimidos, explotados y despojados; ni la necesidad de crear municipios indígenas; ni la necesidad de modificar sustancialmente el Congreso local para una representación indígena; ni la discriminación racial misma. Como los problemas agrarios eran, a fin de cuentas, inexistentes, tampoco podían aducirse como causas de la violencia.
Reconoció, ciertamente, la pobreza extrema y la marginación de la zona, pero las rechazó como causas suficientes para el levantamiento armado. Por tanto, si no reconoció ninguno de estos datos sociales como causas de la insurrección, sólo quedó una: la manipulación de grupos de poder que se proponían objetivos oscuros y turbios de desestabilización de su régimen.
Esos grupos podrían formar parte del propio sistema político mexicano, pertenecer al narcotráfico o estar vinculados con el episcopado de San Cristóbal de las Casas. Al eliminar como causas del levantamiento los motivos agrarios, económicos y políticos, minimizó la dimensión del conflicto de dos maneras. Primero, lo redujo solamente a la función del núcleo armado ("expertos de la violencia", como les llamó) y perdió de vista la presencia y la dinámica social de las comarcas indígenas que lo encubrieron, ayudaron y apoyaron silenciosamente durante años.
Segundo, redujo también la aparición del núcleo armado solamente a sus posibles nexos con grupos de poder político o eclesiástico y perdió de vista otra vez que el apoyo de las comarcas indígenas tenía claramente otro tipo de causas. Este reduccionismo fue el más grande error, pues minimizar la valla social que protege y apoya al EZLN equivale a eliminar ilusoriamente un rasgo que es suficiente para considerar este levantamiento también como social, indígena y campesino. Este reduccionismo se liga con otro error: creer que entre el EZLN y esa "larga y profunda injusticia" social no hay ninguna conexión real. De ahí puede derivarse, por último, la resistencia oficial a creer que el EZLN enarbola valores de cambios y transformaciones integrales de orden social, económico y político que una gran parte de México quiere y expresa a través de la lucha de sindicatos, manifestaciones agrarias, protestas poselectorales y opinión pública. Por ello la única medida que el gobierno tomó cuidadosa e ininterrumpidamente fue la militar. La concentración de destacamentos militares en Chiapas ha sido inmensa, incuantificable. El Ejército Mexicano mantiene el cese al fuego, es cierto, pero detrás de ese tenso silencio sus destacamentos han aumentado ahí desmedidamente. Con cuidado y tesón se han venido tomando estas medidas militares; con el mismo cuidado y tesón deberíamos haber aplicado medidas para resolver rezagos agrarios, reconocer y resolver conflictos de tierras, procuración de justicia para indígenas o apertura política.
Quizás resulte interesante señalar que el 3 de enero de 1994 el Departamento de Estado informó en Washington que su embajador en México, James R. Jones, había enviado un día antes un equipo de cinco personas a Tuxtla Gutiérrez y a San Cristóbal de las Casas para "evaluar" la situación y la condición de los estadounidenses que permanecían en la zona. Sin embargó, la embajada de Estados Unidos en México había mostrado preocupación desde el año anterior, cuando dos de sus funcionarias, Singrid Arzt y Kathleen Olson, integrantes del área de análisis político, viajaron a Chiapas, el 9 de agosto, para, según explicaron en ese momento, conocer las condiciones en que vivían los refugiados guatemaltecos y la ayuda proporcionada por el gobierno mexicano. Durante cinco días visitaron campamentos ubicados en Las Margaritas y La Trinitaria y hablaron con autoridades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Pero el día 11 se entrevistaron con representantes de agrupaciones indígenas y campesinas de Ocosingo y Altamirano en busca de información sobre posibles guerrilleros en Chiapas, aunque nunca admitieron que ese fuera el objetivo de su visita. Ricardo Alemán, en una nota aparecida en La Jornada el 14 de agosto de 1993, reveló que el diputado local Roberto Fuentes Domínguez reconocía que ése era el motivo de la misión diplomática y que por ello había declarado a la prensa chiapaneca el viernes 13 lo siguiente:
Los diplomáticos comprobaron que es falso que existan campos de adiestramiento de guerrilleros en Chiapas, como se ha especulado, y se llevaron una buena impresión de la situación de paz y tranquilidad en la que vive el estado.
Pero entender la relevancia del EZLN implicaba –o mejor, implica– reconocer que la insurrección no se inició el 1¼ de enero de 1994, sino varias décadas antes. México ha vivido en estado de guerra de manera casi ininterrumpida al menos desde el amanecer del 23 de septiembre de 1965, cuando un grupo de jóvenes guerrilleros quiso tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera, población de la sierra de Chihuahua muy cercana a los límites del estado de Sonora. El amanecer zapatista del 1° de enero de 1994 en los Altos de Chiapas comenzó ese amanecer del 23 de septiembre de 1965 en la sierra de Chihuahua. Señalo esta fecha por la continuidad de las luchas armadas que vivió el país entero durante los siguientes casi treinta años, aunque en la década de los cincuenta el estado de Morelos fue escenario de otro importante movimiento guerrillero encabezado por Rubén Jaramillo, movimiento también de raigambre zapatista y de bases campesinas e indígenas. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) este guerrillero depuso las armas, fue amnistiado, recibido en Palacio Nacional para una especie de ceremonia oficial de conciliación y poco después traicionado y asesinado arteramente por un grupo de soldados en los alrededores de Xochicalco. El asesinato de Rubén Jaramillo fue uno de los acontecimientos que más recordarían los grupos armados de origen campesino e indígena y su propio nombre aparecería ligado en décadas posteriores a varios movimientos de importancia, fundamentalmente en el estado de Morelos, aunque relacionados en distintos momentos con grupos como el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido de los Pobres (PDLP) de Lucio Cabañas.
A partir de 1965 se inició en diversas zonas de México una lucha de numerosos movimientos armados que quizás alcanzó su fase más intensa de 1971 a 1977. Estos movimientos no desaparecieron del todo durante la década de los ochenta, puesto que varias de esas agrupaciones intervinieron activamente en las zonas de las cañadas de Chiapas y su trabajo de organización fortaleció las bases que posteriormente serían del EZLN. No es posible, sin embargo, señalar una línea divisoria clara entre los grupos propiamente armados y las organizaciones populares activas, cambiantes y complejas que enarbolaron reivindicaciones agrarias, magisteriales o sindicales. La insurrección armada de Rubén Jaramillo fue resultado de la radicalización de la lucha cañera en Morelos; los guerrilleros de 1965 en la sierra de Chihuahua fueron resultado de la radicalización de cierto grupo de un mucho más vasto y complejo movimiento campesino que desde 1959 comenzó a manifestarse, cohesionarse y extenderse por varias zonas de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango, algunos de cuyos lideres y organizaciones se mantienen activos y combativos (en cauces legales hoy, ciertamente, pero combativos al fin); los movimientos guerrilleros de Genaro Vásquez Rojas y de Lucio Cabañas fueron resultado de la radicalización provocada por la represión del gobierno del estado de Guerrero y las fuerzas caciquiles que asfixiaban demandas agrarias de la Costa Grande guerrerense y de la sierra de Atoyac, represión violenta que durante 1995, en las mismas zonas y contra campesinos otra vez inermes, ahora en Aguas Blancas, se ha vuelto a manifestar impunemente. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que organizaciones armadas como las que acabo de enlistar, han formado parte o se han radicalizado al paso de movimientos sólo u originalmente populares. La presencia de estos movimientos ha sido notable y ha exigido el despliegue durante varios años de las fuerzas militares y de corporaciones policiacas especiales. Son ejemplo sobresaliente de la capacidad de lucha y del silencio oficial que se ha guardado en México durante décadas.
Carlos Montemayor, "El EZLN y Chiapas", Fractal n° 8, enero-marzo, 1998, año 2, volumen III, pp. 95-104.
