Denuncian que son llevados bajo engaños y carecen de servicios elementales
Jiménez, Chih. “Nuestras únicas riquezas son nuestras manos y brazos. Sin ellas, ¿qué podemos hacer?”, sostiene un grupo de jornaleros indígenas nahuas de Tlapa de Comonfort, Guerrero, al mirar con un dejo de tristeza y rabia contenida a Timoteo, de dos años de edad, quien perdió el brazo derecho en el rancho El Carmen, uno de los 12 que forman la Sociedad M y M (Monárrez y Montaño).
Cada año aumenta el número de indígenas que, acompañados por sus esposas e hijos, llegan contratados por intermediarios a los ranchos, donde al cruzar las cercas de alambre pierden su identidad, se convierten en números y en “excelente mano de obra”.
Las promesas de “buena” comida, un lugar donde dormir y excelentes ingresos quedan en el olvido y se topan con “guardias” que los amenazan y obligan a trabajar, inclusive enfermos. Son también quienes controlan la tienda donde los jornaleros compran refrescos, sopas, latas de atún y sardinas a precios hasta cinco veces más elevados.
Trabajan en el más absoluto desamparo y explotación, afirma Laura Salas Reyes, representante de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), quien apenas en agosto pudo intervenir, sin obstáculos legales, en la defensa de los jornaleros.
Según testimonios de los jornaleros, en los ranchos Los Compadres, Los Anaya, San Miguel, El Cuarenta y La Concha, del que es propietario el presidente municipal electo, Jesús Manuel Vázquez Medina, conocido como El Chalma, son maltratados por ser indígenas y casi no hablar español. “En esos emporios los más maltratados son los indígenas, porque hablan poco español. Las condiciones de salud son deplorables. En abril, en El Cuarenta hubo un brote de lepra, sarna y otras enfermedades de la piel por el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicio médico. Los propietarios no actuaron hasta que la situación fue inocultable. Condiciones similares se repiten en todos”, añadió Salas.
Luego de la férrea batalla legal que emprendió Salas en apoyo de la familia de Timoteo, la delegada de la Secretaría del Trabajo en el municipio exigió a la defensora de la COCYP que presentara una carta poder de cada jornalero que decía defender. Con ello se intentó frenar la protesta por las arbitrariedades e inseguridad, que han provocado diversos accidentes en los ranchos. El más reciente sucedió en Los Compadres, donde murió electrocutado un indígena de Hidalgo y otro resultó herido.
En Los Compadres, los indígenas son vigilados por personas que, en caso de “anomalías”, someten a golpe de chacos a los trabajadores. Ésa fue la experiencia de Alonso Matías Hernández y de los hermanos José y Pablo Martínez Hernández, originarios de Axochiapan, quienes fueron maltratados por demandar atención médica para uno de sus paisanos que tenía temperatura y diarrea. “Hemos trabajado en otros campos, pero éstos son los peores”, afirmaron.
La historia de Timoteo
El 19 de julio, Celso Ventura y su esposa Sofía Pastrana, junto con 300 indígenas acompañados por sus esposas e hijos, cerraron sus casas en la colonia Filadelfia –fundada hace siete años, a la orilla del municipio de Tlapa de Comonfort, luego de ser expulsados de la comunidad San Juan Puerto Montaña por ser evangélicos– para abordar los autobuses que los llevaron a los campos agrícolas del municipio de Jiménez, como hacen desde hace seis años, para la pizca de chile.
La tarde del 3 de septiembre, en espera del pago de 60 centavos por kilo de chile levantado, Daniel Chacón, de 17 años, también originario de Jiménez, quiso demostrar su habilidad manejando la camioneta de su padre y jugar a los “ceritos” –dar vueltas al vehículo a alta velocidad y controlarlo con los frenos–, pero su “juego falló” y chocó contra la pileta donde estaban sentadas algunas personas, entre ellas Timoteo, quien se divertía con su hermano y otros niños que fueron llevados a los campos porque “no hay dónde ni con quién dejarlos”, mencionan los padres.
Entre el muro de cemento y la defensa de la camioneta quedó el brazo de Timoteo, narró Celso, padre del niño. Los indígenas evitaron que Daniel escapara, pero los responsables del campamento impidieron que las autoridades entraran a tomar datos del accidente y tampoco llamaron a una ambulancia, aseguró Celso, de 21 años, quien mira a su hijo y pregunta: “¿qué pasará con él? ¿Cómo trabajará?”
Bajo la sombra del pasillo que une seis cuartos en obra negra, sin agua potable, sin puertas ni ventanas, que seis familias rentan en 650 pesos mensuales en la colonia La PRI –ubicada en las orillas del municipio–, Celso no comprende por qué Daniel está libre, pero concluye que la autoridad lo protege. A pocos días de que termine la pizca de chile, el grupo de 300 indígenas de Tlapa dejará los campos, en cuyos galerones vivieron hacinados y sin servicios médicos, para retornar a sus lugares de origen, y Celso pregunta: “¿y la justicia?”
El regidor de educación, Belisario Rodríguez, estima que entre 4 y 6 mil indígenas laboran en condiciones “adversas y más fuera de la ley que en los campos henequeneros del México bárbaro. Trabajan de sol a sol, con salarios de hambre, pocas o nulas posibilidades educativas y de salud, viven aglutinados en bodegas, galerones o vecindades insalubres y peligrosas que ellos mismos consiguen para hacer frente a las inclemencias del tiempo.
“Agobiados por la pobreza, vienen en busca de trabajo, en lugares como Jiménez, pero el municipio no está preparado para recibirlos como merecen. Las autoridades locales poco pueden hacer con los recursos que tienen y porque existe solapamiento, contubernio y disimulo en diversas instancias que deben atender el problema de racismo y desprecio que afrontan los jornaleros”, abunda.
En agosto, el presidente municipal, Amador Moreno Luján, pidió a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche, que investigue “dónde quedan los recursos que se destinan para atender a los indígenas en su lugares de origen, qué hace la delegación de la Sedeso en Jiménez para atender el problema de los migrantes, y que se trate con respeto real, equidad y justicia a los indígenas”. El alcalde sigue en espera de respuesta.
¡Excelente mano de obra!, pero…
Cada año los indígenas llegan aquí con tuberculosis, desnutrición y leucemia. La mayoría de las mujeres dan a luz acá. No quieren dejar a sus hijos al cuidado de otras personas de sus comunidades. “Son muy tercos, pero como trabajadores son excelentes. Vienen a ganar dinero y no fuman mariguana como los de aquí”, comentaron Manuel Monárrez, José Luis Vargas Ortega y los hermanos Juan y Javier Montaño Hepo, productores de chile y cebolla e integrantes de la Sociedad M y M.
Esta temporada, asentaron, gastarán 44 mil pesos por cada camión en que llegarán las familias de indígenas de Guerrero y Puebla, más 50 mil pesos que, dijeron, les dan como apoyo para la comida durante su traslado de 12 a 14 horas. Explican que cada año, entre los últimos días de marzo y los primeros de abril, llegan los jornaleros organizados por sus líderes o autoridades ejidales o comunales. “Son ellos quienes llaman y preguntan si ya tenemos trabajo para ellos. Entonces, les repetimos que no queremos mujeres ni niños, pero llegan en familias y no podemos hacer nada”.
Monárrez, Vargas y Montaño negaron que maltraten a los jornaleros. “¡Eso es falso! No podemos darnos el lujo de maltratarlos. Si fuera cierto, la gente no regresaría. Aquí a nadie se le priva de su libertad. Tampoco están mal pagados. En promedio, cada trabajador –cerca de mil, que están en los ranchos de la sociedad– gana diariamente 304 pesos en esta temporada de pizca de chile.”
En las oficinas del rancho El Carmen, los cuatro agricultores afirmaron que no pondrían en riesgo sus negocios familiares, que tienen entre 60 y 80 años. Muestran las listas en que anotan las cantidades que levanta cada jornalero. “Hacemos hasta lo imposible por cumplir los requisitos legales, pero es la autoridad federal la que debe atender a los indígenas en sus poblaciones y reconocer que nosotros somos un soporte laboral, porque a Jiménez llegan de 5 mil a 6 mil personas”, la cuarta parte del total de jornaleros que arriba a Chihuahua.
Sobre el accidente de Timoteo, el ex diputado local Manuel Monárrez asegura que fue un “accidente imprudencial”.
http://www.jornada.unam.mx/2007/10/16/index.php?section=politica&article=015n1pol
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