martes, 30 de junio de 2009

Denuncia CNI agresiones de paramilitares contra comunidad nahua en Michoacán

En un comunicado, el Congreso Nacional Indígena informó que la noche del lunes, paramilitares con armas de alto poder dispararon contra hombres, mujeres y niños de la comunidad de Santa María Ostula.

Hermann Bellinghausen
Publicado: 30/06/2009 10:02

México, DF. En un comunicado urgente divulgado por del Congreso Nacional Indígena (CNI), se denunció que la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, está siendo agredida desde la noche del lunes por paramilitares armados con armas de alto poder, quienes pretenden despojarlos de sus tierras.

Este lunes, alrededor de las 19:00 horas, “un grupo de choque contratado por un reducido grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, que portaba armas de alto poder, emboscó y disparó indiscriminadamente sobre hombres, mujeres y niños pertenecientes a la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, que, con fundamento en la garantía contenida en el artículo 27 constitucional y en los derechos que protegen los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT, se encontraban realizando una acción pacífica y legal para proteger la posesión de nuestras tierras comunales en el paraje conocido como La Canaguancera, lugar que ha sido invadido por los supuestos pequeños propietarios durante años”, según denuncia la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula.

Esta comunidad indígena “fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964. Sin embargo, al tramitar, dictar y ejecutar nuestra resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales, las autoridades agrarias incurrieron en serias irregularidades”. La falta de certeza jurídica ha derivado en la invasión de sus tierras por parte de los “supuestos pequeños propietarios”, que a través de los años “han ocupado en forma ilegal más de 700 hectáreas correspondientes a nuestra propiedad y posesión comunal”.

Aún existiendo diversos amparos y medidas cautelares favorables a los indígenas, “personas contratadas por los supuestos pequeños propietarios empezaron a ocupar nuestras tierras comunales el pasado 10 de junio”. Fue así que la asamblea general de comuneros resolvió reforzar su posesión en sus tierras.

En estos momentos, la situación de la comunidad “es difícil, pues un grupo superior a los 300 comuneros, incluidas varias mujeres, se encuentran incomunicados y cercados por los sicarios en el paraje de La Canaguancera, razón por la que no sabemos si existen heridos en dicho lugar y cuantos puedan ser.

Asimismo, en los alrededores de la comunidad y de La Placita se han establecido a lo largo de la noche dos numerosos destacamentos pertenecientes al Ejército mexicano y a la Marina. Por otro lado, la comunidad ha cerrado los accesos a los 21 poblados que la integran y cerca de dos mil comuneros se hayan haciendo vigilancia en diversos puntos del territorio comunal, en tanto que las hermanas comunidades nahuas de El Coire y Pómaro se encuentran organizando diversas acciones para la defensa conjunta del pueblo nahua de Michoacán”.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/06/30/denuncia-cni-agresiones-de-paramilitares-contra-comunidad-nahua-en-michoacan


domingo, 28 de junio de 2009

REPORTAJE: EN EL PENAL DE QUERÉTARO

Mujer, indígena y pobre

El caso increíble de doña Jacinta, condenada a 21 años por secuestrar a seis policías mexicanos

Doña Jacinta tiene 48 años -o tal vez 47, no se acuerda muy bien-, seis hijos, otros tantos nietos, un idioma en el que se expresa a la perfección, el otomí, otro en el que lo intenta, el español, y un puesto ambulante en el que desafía al persistente sol de Querétaro vendiendo nieve y aguas frescas. Mejor dicho, desafiaba. Porque desde hace tres veranos, desde que tenía 45 años -o tal vez 44- la indígena doña Jacinta está en la cárcel, acusada -ella que apenas mide un metro y medio de estatura- de secuestrar a seis corpulentos agentes de la policía federal mexicana. Si su dios no lo remedia, la señora de las nieves y de las aguas frescas pasará las próximas dos décadas en prisión condenada por un delito que nadie, salvo una persona, cree que cometió. La mala suerte de doña Jacinta es que esa persona es el juez.

Todo empezó el 26 de marzo de 2006. Aquel domingo, seis policías de la Agencia Federal de Investigación, sin uniformes ni placas que los acreditasen como tales, llegaron al tianguis -así se le llama aquí a los mercados ambulantes desde mucho antes de que a Hernán Cortés le diera por viajar- de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán y arramblaron con diversa mercancía bajo el pretexto de que se trataba de piratería. Los comerciantes se enfadaron, los rodearon y les pidieron la identificación. Los policías se negaron. La tensión creció. Llegaron más policías. También llegaron más vendedores ambulantes. La situación se iba poniendo cada vez más fea hasta que a uno de los jefes policiales se le ocurrió una solución: pagarían los destrozos causados y aquí paz y después gloria. A los comerciantes les pareció bien. Los policías dijeron entonces: "Nos vamos a buscar el dinero". Y los comerciantes respondieron: "Está bien. Pero que uno de los policías se quede para asegurarnos de que ustedes respetan el trato". Le tocó quedarse en prenda al agente Jorge Cervantes Peñuelas.

En el otro extremo de la plaza, sin percatarse del alboroto, se encontraba doña Jacinta vendiendo su nieve y sus aguas frescas. Había llegado temprano, pero en cuanto sintió la última campanada para la misa de once, dejó a una de sus hijas encargada del puesto y entró en la iglesia. Después del rezo, doña Jacinta ya no se movió de su lugar de trabajo hasta un poco antes del atardecer. "Tenía que ir a la farmacia a ponerme una inyección", recuerda, "y le pedí a otra de mis hijas que me acompañara porque yo no sé pronunciar bien el nombre de las medicinas y me daba pena equivocarme delante de la gente". Fue allí, mientras la inyectaban, donde la señora se enteró de la actuación de la policía y de la respuesta indignada de los comerciantes. "Cuando salí me acerqué a ver qué estaba pasando". La llegada de doña Jacinta al lugar del alboroto coincidió con el regreso de los policías que habían ido a por el dinero. Con ellos llegó un fotógrafo de un periódico de Querétaro.

Han pasado casi tres años. Doña Jacinta cuenta la historia en el patio de la prisión de mujeres de Querétaro. Lo hace de forma cronológica, sin olvidarse de ningún detalle, juntando unas frases con otras al ritmo de su desesperación. Cuenta que aquella noche se fue a su casa con su familia y que nada extraño sucedió hasta tres meses después, hasta aquel maldito 3 de agosto de 2006 que ya no se le borrará de la memoria. "Aquella tarde, cuando llegué a mi casa, ya estaban los policías. Me preguntaron: ¿tú eres Jacinta? Cuando les dije que sí, me detuvieron. Habían venido a por mí con armas y camionetas. No tuve miedo, porque sabía que no había hecho nada malo. Me dijeron que me llevaban a declarar por la tala de un árbol. Pero el conductor iba manejando muy feo, dando volantazos, frenando y acelerando. Uno de los agentes me preguntó: '¿Y tú de qué religión eres? Seguro que has votado al PRD [el partido de la izquierda mexicana]'. Le respondí que soy católica y entonces me respondió: 'Ah, disculpa'. Saqué mi rosario y empecé a rezar lo poquito que me sé de memoria. Cuando llegué al juzgado tuve que firmar muchos papeles escritos en español, papeles que no entendía". Cuando, después de mucho rato, la señora se atrevió a preguntar por qué estaba allí, la respuesta la dejó helada:

-Por secuestrar a seis policías federales.

Doña Jacinta no mide más de un metro y medio. Dice que la comida de la prisión no le gusta y que por eso ha adelgazado, pero que cuando entró pesaba más de 80 kilos. Un perfil difícil de compaginar con la acusación de secuestradora de seis policías de élite, fuertes, entrenados para forcejear con delincuentes. Nada de eso actuó en su defensa. Ni siquiera el hecho de que, en sus primeras declaraciones, ninguno de los policías hablaran de ella ni de nadie que se le parezca. Sólo mucho tiempo después los investigadores repararon en que aquel fotógrafo de Querétaro había tomado una instantánea de los minutos finales del incidente. Y allí, en tercera o cuarta fila, aparecía doña Jacinta, en la actitud pacífica del que mira, del que sólo pasaba por allí. Pero la identificaron, averiguaron dónde vivía y fueron a por ella. El proceso judicial desembocó en una condena de 21 años de prisión por el secuestro de los seis agentes.

Todo este relato, todo lo que se cuenta aquí, fue transcurriendo en el más absoluto silencio -semana tras semana, mes tras mes- hasta que una organización mexicana de Derechos Humanos, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, decidió intervenir. Y ahora doña Jacinta, al menos, alberga cierta esperanza. Animada por esa ilusión, en este rincón del patio de la cárcel, huyendo del mismo sol que ella desafiaba con sus nieves y aguas frescas, la mujer indígena va contando su vida, que es la de miles de Jacintas más. Que empezó a vender chicles por las calles del Distrito Federal a los siete años, que no fue a la escuela porque sus padres no tenían dinero para zapatos ni para cuadernos, que a los 10 años la pusieron a cuidar borregos, que a los 14 tuvo su primer novio, que se fue con él a los 15, que tuvo a su primera hija a los 16. Que nunca aprendió español ni supo, hasta que estuvo detenida, qué significaba la palabra abogado o la palabra pruebas. También cuenta que hasta los 45 años -o tal vez 44- fue feliz. Que hasta entonces -eso no lo dice ella, pero hay mil estadísticas que lo demuestran-no había probado el sabor amargo que tienen en México esos tres ingredientes juntos: mujer, indígena y pobre.

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Mujer/indigena/pobre/elpepuint/20090628elpdmgrep_4/Tes

sábado, 27 de junio de 2009

ANÁLISIS A FONDO: BUENO… SON INDIOS. NO GENTE

Francisco Gómez Maza

Indígenas denuncian violación de sus derechos
Pero las autoridades simplemente no pueden entende

Es una obviedad afirmar que México es una sociedad racista, no obstante que en la inmensa mayoría de los mexicanos corre sangre indígena. No por algo algunos españoles nos dicen “los prietos”, calificativo que no es una ofensa, sino un reconocimiento, quizá inconsciente, de que la piel mexicana tiene color, y color precioso, el color de la tierra. Pero aquí han pasado poco más de 500 años en que se inició el mestizaje, y los más racistas son los mestizos. No soportan a los indios, o los ven con desprecio o los ven con lástima, o sencillamente los tratan todavía como si fueran seres inferiores, y, aunque usted no lo crea, a estas alturas de la civilización globalizada, como animales de carga. Nunca podré olvidar una anécdota muy dolorosa que me ocurrió hace ya algún tiempo en una ciudad enclavada en una región indígena: Organizaciones populares celebrarían una concentración para algo. El grupo de personas reunidas, en cantidad grande, llevaba ya horas bajo el sol, esperando a sus “líderes”. Yo, como siempre, metí mi cuchara y le dije a una de las organizadoras el acto que debían de acelerar su inicio porque la gente llevaba mucho tiempo asoleándose, esperando. La mujer, porque era mujer la tal organizadora, me dejó frío, porque me respondió con tal seguridad, y frialdad: cual gente, Francisco. Esos, esos son indios…

Esta breve narración me sale, conociendo la noticia de que indígenas y afro mexicanos del estado de Guerrero han denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, la grave, sistemática y reiterada violación de sus derechos individuales y colectivos por parte de representantes de los gobiernos federal y estatal. Agrupados en su mayoría en la Convención Estatal Indígena y Afro mexicana (CEIA), los demandantes, expusieron ante la representación de UN en ciudad de México que en este país se desconoce el derecho que tienen a la consulta bajo el consentimiento previo, libre e informado, al imponérseles en Guerrero a Gonzalo Ramón Solís Cervantes, como delegado de la Comisión (gubernamental) Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en sustitución del nahua Guillermo Álvarez Nicanor. Su queja obedece a que no fueron consultados en el nombramiento de funcionario, tal como aconteció con Álvarez Nicanor, quien fue designado en el cargo el 11 de octubre en acuerdo entre la Dirección General de la CDI y la CEIA. Los indios y afro mexicanos guerrerenses sólo ponen en la mesa su derecho a la libre determinación expresada en el ejercicio de la autonomía, para participar plenamente en la construcción de su propio desarrollo, respetando y valorando “la enseñanza de nuestros ancestros para con el territorio y los recursos naturales, lo tangible e intangible de nuestra madre tierra”.

Sin otra opción, la CEIA, decide trasladarse este 22 de junio, de esa entidad al sur del país hacia la capital mexicana a fin de hacer valer sus derechos. Como parte de sus acciones, definen instalarse en la CDI Nacional, para ser escuchados y recibir respuesta a las demandas planteadas. Acuerdan acudir de manera paralela a la representación de la ONU, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En ambas protestas, denuncian al gobierno federal por la violación de los instrumentos internacionales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la discriminación de que son objeto. Los indígenas piden a las Naciones Unidas servir de intermediación ante el gobierno federal para, además, garantizar el respeto irrestricto a la libre determinación y el ejercicio de la autonomía como pueblos indígenas y el respeto al derecho de consulta en todas las decisiones que les atañen. La Convención Estatal Indígena y Afro mexicana (CEIA) es un espacio organizativo de los cinco Pueblos Originarios de Guerrero, compuesto por afro mexicanos, Nahuas, Na Savi, Me’phaa y ñomndaa. El 21 de mayo, la CDI decide destituir al delegado emanado de la CEIA. De manera inmediata, ésta pide explicaciones pero la dependencia gubernamental no les responde. A partir de esa fecha, los inconformes se reagrupan y empiezan a exigir a la CDI reconsiderar en su decisión. El 28 de mayo sostienen una reunión con representantes de las oficinas centrales de la CDI, pero los funcionarios rechazan firmar una minuta de acuerdos. La queja obtiene, el 4 de junio, un exhorto del Congreso Local del estado de Guerrero, que pide al presidente Felipe Calderón establecer una mesa de diálogo y negociación a fin de iniciar un proceso de consulta para la elección del nuevo delegado estatal de la CDI. Hasta el momento, Calderón ha desoído la recomendación de los diputados guerrerenses.

A las siete de la mañana, del reciente 23 de junio, un contingente de indígenas guerrerenses se instaló en la entrada del edificio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Nadie podría entrar y si salir del inmueble. De inmediato, las fuerzas de seguridad federal llegaron para establecer contacto con los quejosos. Los enlaces de la Secretaría de Gobernación, equivalente a los ministerios del Interior, señalaron que los indígenas violaban la ley y que serían replegados a fin de que el acceso a LA CDI fuera reabierto. Hasta la mañana del martes 23 nada había ocurrido, la Policía Federal instaló una valla en una puerta de la dependencia por donde ingresaban elementos de seguridad y mandos medios de la CDI. Simultáneamente, los indios y afro mexicanos decidieron una huelga de hambre a fin de ser escuchados y lograr que el director general de la CDI, Luis H. Álvarez, los reciba. Lo único que piden al gobierno federal es respeto absoluto al derecho que tienen a la consulta, el cambio de la política dirigida hacia los pueblos indígenas del Estado mexicano y que las instituciones dejen de convertirse en empresas de libre mercado. Además, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Pero… por duro y fuerte que parezca: Son indios y los indios no tienen cabida en el modelo social que han escogido las autoridades para normar la vida de los mexicanos…

http://www.expresochiapas.com/noticias/analisis-a-fondo/6180-ueno-son-indios-no-gente.html

Juego de pelota, en riesgo de desaparecer

INAH acusa al gobierno local de “discriminatorio” por quitar lugar de reunión de mixtecos y tarascos que preservan su lengua y costumbres en la capital

JUAN PABLO MAYORGA DF@ELUNIVERSAL.COM.MX
EL UNIVERSAL
SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2009

Los juegos de pelota mixteca, tarasca y sus respectivas variedades corren el peligro de desaparecer del DF junto con los espacios en los que son practicados, coinciden especialistas y practicantes, mientras que las autoridades competentes ignoran las recomendaciones sobre el tema que emiten expertos en cultura y derechos humanos.

Fueron declarados Patrimonio Cultural Intangible en 2007, pero los juegos de pelota de origen prehispánico se encuentran en situación de peligro, pues sus principales canchas, conocidas como pasajuegos, se ven amenazadas por obras públicas y desatención de las autoridades.

Por ejemplo, el pasajuego de Balbuena, en la calle Cecilio Robelo, delegación Venustiano Carranza, que fue construido por migrantes de Oaxaca y Michoacán en 1950, pero fue cedido en 2007 a la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) para ser demolido y construir en su lugar el Centro de Control C-4.

Ante esta situación y para evitar la destrucción del pasajuego, la Asociación Mexicana de Juegos de Origen Prehispánico solicitó a la dirección general de Patrimonio Inmobiliario la declaratoria de este lugar como Espacio Monumental Abierto, explicó Cornelio Pérez, vocero de la institución. Su solicitud fue apoyada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en un documento enviado al secretario de Gobierno local, José Ángel Ávila, el pasado 9 de marzo.

Por otra parte, la subsecretaría de Gobierno del DF consideró en abril pasado como inviable tal denominación para el pasajuego, bajo el argumento de que esta construcción se puede replicar en otro lugar, y mencionaron como opciones a los deportivos Oceanía y Velódromo.

“Un acto discriminatorio”

Para Teresa Mora, especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el caso de Balbuena resulta “un acto evidentemente discriminatorio”, pues consideró que “niega el derecho a los inmigrantes del interior del país de reproducir su cultura”. Afirmó que es prioritario resguardar no sólo el juego, sino los espacios, toda vez que ahí se recrean lengua, música, gastronomía, paisanaje y otros elementos de la diversidad cultural.

Al respecto, la coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura capitalina, María Guadalupe Lozada, aseguró que la dependencia a su cargo no tiene injerencia, pues es algo que corresponde a la dirección general de Patrimonio Inmobiliario.

No obstante, agregó, se trabaja en un plan de promoción contemplado en la declaratoria de patrimonio cultural hecha.

El arquitecto José Villalobos Jaramillo, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios mexicano (Icomos) también se pronunció en favor de conservar el pasajuego de Balbuena, ya que “sería muy lamentable que por un plumazo administrativo o por ignorancia se afectara este inmueble”, al que calificó como “muy importante”.

En la zona del Ajusco, los deportes más populares le han ganado terreno a la tradición. Al menos así lo expone Anastacio Lozano Sampedro, migrante oaxaqueño, al afirmar que el pasajuego que construyó en San Andrés Totoltepec hace ya 17 años se encuentra ahora amenazado por canchas de futbol y atletismo.

“La práctica ha disminuido mucho. En otros años hasta se construyó uno chiquito al lado porque mucha gente se quedaba sin poder jugar”.

No obstante, Tacho se dijo complacido porque el juego le haya interesado a vecinos, lo que permite todavía hacer juegos contra equipos entre integrantes de la colonia Balbuena y de Oaxaca.

En el mismo sentido, la especialista Teresa Mora consideró que “un paso importante es lograr una declaratoria; sin embargo, para que el patrimonio cultural permanezca vivo en el entramado social se requiere de los bienes culturales materiales que lo sustentan”.

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/96080.html