domingo, 11 de noviembre de 2007

No son prioridad nacional: Indígenas, “usados y desdeñados”

Por: Martín Morales , Reportero

Semana del 7 al 13 de octubre de 2007

07 de octubre de 2007 | Número Epoca II Año II No. 26

“Alguna vez propuse a un gobernador electrificar una región, y me dijo: ’Cuatro millones es mucho dinero; con dos cajas de aguardiente compro sus votos’”, afirma Xóchitl Gálvez, ex funcionaria en el sexenio de Fox


“Un secretario de Estado me afirmó: ‘¿Cómo dices? ¿Hacer políticas para los pueblos indígenas?, ¡pero si todos somos iguales!’, y yo le dije: ‘Sí, señor secretario, pero unos son más iguales que otros…’. La verdad todavía existe un gran desdén y no aplica menosprecio tremendo hacia los indígenas en nuestro país”, dice en entrevista con QUEHACER POLÍTICO la ex titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Xóchitl Gálvez.


“Y así te podría contar miles de anécdotas de gobernadores; por ejemplo, alguno que le propuse electrificar una región y me dijo: ‘Cuatro millones es mucho dinero, con dos cajas de aguardiente compro sus votos’… así, pero también algún funcionario a quien le hice la propuesta de resolver un conflicto agrario que tenía 50 años, me dijo: ‘Bueno, si se han peleado 50 años, a mí me quedan dos en el puesto, mejor administro el conflicto’”, señala la ex funcionaria, quien pide no revelar los nombres de los personajes que menciona para no abrirse un frente de conflicto personal en este momento, dice, aunque en sí mismos sus comentarios ponen en evidencia la actitud que prevalece dentro de los gobiernos respecto a los indígenas.


“INDÍGENAS PINTORESCOS”


Ellos no constituyen una prioridad nacional ni forman parte de la agenda de la reforma del Estado; son indígenas mexicanos que integran la escenografía de los mítines de mayor impacto emocional durante las campañas electorales, usados como “extras” en las fotos de primera plana donde se muestra la bondad de presidentes y gobernadores en gira por las zonas donde los nativos tienen una presencia relevante, y personajes-objeto para aliviar las culpas de aquellos espíritus atormentados que de pronto deciden hacer algo por “salvar” a esos “indígenas pintorescos”.


“Los indígenas del país –poco más de 12 millones–, según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) siguen siendo un pendiente nacional; yo no veo que sean un tema de la reforma del Estado, excepto del PRD que lo toca a ratos; ya no es un tema prioritario en la agenda de país o dejó de serlo”, explica Gálvez.


La ex titular de la CDI afirma que en la salvedad hay intentos como los del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, el perredista Marcos Matías, quien ha impulsado algunos foros de discusión sobre temas indigenistas, pero nada más.


Sobre la presente actual Comisión de la cual está al frente Luis H. Álvarez, ex comisionado para la Paz en Chiapas, Gálvez apunta concretamente que lo más importante ha sido hasta el momento que se hayan retomado algunos de los planes y acciones puestos en marcha durante su gestión.


Sobre la confección de las políticas públicas derivadas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) estima que se requiere mejorarlas con criterios amplios y mejor informados sobre la naturaleza, condiciones reales, cultura indígena, además de aplicar sistemas mejorados de fiscalización en torno a la ejecución de los programas de gobierno que suponen la entrega de recursos directos.


La supervisión de la aplicación del gasto es muy importante, anota, porque “los indígenas son seres humanos de carne y hueso con virtudes e imperfecciones; hay liderazgos que creen que los apoyos oficiales son una especie de dádivas en efectivo, porque políticos y otros abusadores les han enseñado a verlo de esa manera, incluso para beneficiarse ellos directamente”.


Es un tema muy complejo, por eso “se requiere analizarlo desde todas las aristas para afrontarlo y resolverlo; la más importante, yo diría, es tomar en cuenta que no se reduce sólo a un tema de pobres”


PERSPECTIVAS REALES


Por décadas se ha asociado el paternalismo y otorgamiento de apoyos directos a la compra de conciencias de cara a los procesos electorales, o sólo para sofocar levantamientos, malestares y críticas sociales con lo que se desvaneció la verdadera perspectiva de su situación.


El requisito para delinear políticas públicas eficientes en los hechos, radicaría en investigar y analizar objetivamente su situación para brindarles opciones de solución a sus necesidades básicas, a las derivadas de sus condiciones específicas, y todo con respecto a su diversidad cultural.


Hay necesidad de una mayor objetividad “porque de repente hay planteamientos demasiado románticos, de que los indígenas tenemos una relación espiritual con la tierra y por eso no la vendemos, pero no es cierto, se vende y se revende; gran parte de las broncas por la tierra es por eso; algunos comisariados ejidales se han vuelto muy corruptos, les han llegado al precio a espaldas de su pueblo”, expresa Xochitl Gálvez en la entrevista.


“A veces pareciera que todo lo que hacen los pueblos indígenas es maravilloso, pero tampoco es cierto, hay violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los niños; hay control político por parte de muchos liderazgos indígenas”.


Gálvez comenta sobre “un comité de obras del municipio de Metlatonoc que pidió la construcción de una carretera que costó cerca de 400 millones de pesos, la cual se dejó prácticamente pagada, porque en este 2007 ya sólo se le metieron como 60 millones, pero descubrimos que ese comité extorsionaba a las constructoras pidiéndoles un millón de pesos a cada una para dejarlas trabajar; eran los líderes del grupo quienes por supuesto no les decían a su gente que estaban extorsionando a los constructores”.

También indica que desde el primer año de gestión dio dinero de apoyo a organizaciones indígenas, las cuales nunca le comprobaron el gasto y, sin embargo, tiempo después iban a su oficina a solicitar más apoyos. “La Contraloría investigó y comprobó que no existían los proyectos para los cuales habían pedido los recursos, y así vi muchas cosas parecidas”.


Pone de relieve entonces que es indispensable abordar la problemática indígena con base en análisis objetivos y con un trabajo constante directamente con las comunidades, porque es ahí donde se visualiza la realidad y se aprende de ella.

DISTINTOS POTENCIALES


Entre los errores que pueden cometerse en la definición de las políticas públicas para grupos indígenas señala la falta de criterios objetivos porque los programas se elaboran de manera técnica y homogénea, sin tomar en cuenta las diferencias entre los mismos grupos étnicos.


Xóchitl Gálvez expone en la conversación con QUEHACER POLÍTICO que, por ejemplo, “los yaquis tienen 400 mil hectáreas maravillosas en el Valle del Yaqui; su problema no es de pobreza, sino de liderazgos, organización, de divisiones internas en la tribu; les falta asistencia técnica, pero tienen riqueza, poseen el Valle del Mayo y del Yaqui, que es súper productivo, aunque mucha gente se dedica a rentar tierra, a vivir un poco de la renta y un poco del subsidio”.


En contraparte, precisa, “no es el caso de la enorme marginación de los tarahumaras o de los grupos asentados en la montaña del estado de Guerrero, porque en este último caso ¿qué siembras en la montaña?, por eso se van de jornaleros agrícolas en unas condiciones de vulnerabilidad verdaderamente impresionantes”.


Al respecto de los criterios de las políticas públicas del ramo, los documentos base de la CDI reconocen que “la evaluación de las políticas públicas, programas y acciones relacionadas con el desarrollo integral de los pueblos indígenas, es una de las tareas sustantivas que (debe) diferenciar a la CDI de su antecesor, el Instituto Nacional Indigenista (INI)”.


Argumenta que el diseño de las políticas con base en acciones previas dirigidas a “obtener información y valorarla”, además de contar “con un punto de referencia que permita incidir, orientar y eventualmente proponer las adecuaciones pertinentes a objetivos y mecanismos de operación de los instrumentos que llegan a la población indígena”.


GRANDES REZAGOS


En la descripción de los rezagos de los pueblos indígenas, posee una participación determinante el concepto de desarrollo, para dar viabilidad a las comunidades aborígenes con apoyos y servicios públicos, y la otra, como modificación de su cultura para convertirlos en “ciudadanos modernos”.


En este marco, las autoridades federales y estatales han puesto especial atención en el crecimiento de acuerdo con el modelo económico, social y político predominante en el país, basado en los factores del mercado, sustancialmente.


Se mide el “monolingüismo” de las comunidades, es decir, la cantidad de indígenas que sólo hablan su lengua natal, pero no usan el español. En este sentido, el reporte 2006 de la CDI señala que en ese rubro hubo una reducción del monolingüismo en las regiones indígenas; “pasó de 19.5 por ciento en el año 2000, a 13.9 por ciento en 2005”.


Luego precisa que “tres regiones indígenas redujeron sustancialmente el monolingüismo en su interior; Los Altos de Chiapas, la montaña de Guerrero y el norte de Chiapas, todos ellos en más de diez puntos respecto del mismo indicador en el año 2000”.


Y manifiesta que, sin embargo, el número de personas que no hablan el español continua siendo muy elevado tanto en Los Altos de Chiapas como en la montaña de Guerrero, en tanto la región indígena con menor proporción de integrantes monolingües es la chontal de Tabasco, que tiene menos de medio punto porcentual


Otro es el analfabetismo, sobre el cual se indica que “entre la población indígena en el nivel nacional, aun cuando presentó una disminución respecto del año 2000, sigue siendo muy alto, ya que más de una cuarta parte de la población indígena de 15 años y más no sabe leer ni escribir”.


Refiere también que en el ámbito nacional el acceso a los servicios públicos en las viviendas indígenas “se encuentra muy por debajo de los valores promedio nacionales, siendo el suministro eléctrico el que presenta el porcentaje más elevado con 89.1 por ciento de las viviendas, seguido por el agua entubada, presente en siete de cada diez casas, y poco más de la mitad cuenta con servicio de drenaje”


En cuanto al piso de tierra, “éste se encuentra presente en 38 de cada 100 viviendas indígenas. Dentro de estas regiones, 87.75 por ciento de las casas cuenta con electricidad y 66 por ciento con agua entubada; 45.7 por ciento tiene drenaje y todavía más del 40 por ciento tiene piso de tierra”.


Es de destacarse el reconocimiento que se hace a la disparidad en la dotación de servicios, la cual “es evidente entre las regiones, pues mientras que más de la mitad de las viviendas se encuentran electrificadas por arriba del 90 por ciento, existen otras con menos de 30 por ciento de casas electrificadas, tales como la tarahumara, con 22.5 por ciento, y el Gran Nayar, con 27.9 por ciento”.


Con respecto a la dotación de agua entubada, “nueve regiones se ubican por encima del nacional indígena, mientras que cinco de ellas –tarahumara, huicot, montaña de Guerrero, Cuicatlán, Mazateca Tehuacán y Zongolica, así como la huasteca–, se encuentran por debajo de 50 por ciento de las viviendas con acceso al servicio; además de ellas, en cinco regiones más el servicio de agua no alcanza siquiera 60 por ciento de las viviendas indígenas”.


Y en el caso del drenaje “la situación muestra aún más rezagos, ya que 16 regiones indígenas no alcanzan ni 50 por ciento de las viviendas con drenaje, siendo los casos extremos la tarahumara y la huicot con 7 y 12 por ciento, respectivamente”.


Asimismo, “más de 50 por ciento de las viviendas en 12 regiones indígenas tienen piso de tierra. Los casos extremos se ubican en la tarahumara, huicot y montaña de Guerrero, en donde más de tres cuartas partes del total de viviendas particulares cuentan con piso de tierra”.



EN PERSPECTIVA



Sobre las perspectivas sobre este asunto, la ex comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, acota en la entrevista con este semanario que “los indígenas están cada vez más conscientes de sus derechos y sus obligaciones, pero sobre todo tienen claro que el futuro sólo lo podrán construir con base en trabajo y organización”.

Las autoridades, por su parte, deben tomar en cuenta sus propias formas de ver la vida a través de la cultura que han heredado, cuyos conceptos no necesariamente coinciden con los de los mestizos


Añade, por ejemplo, que un indígena puede adquirir deudas hasta por tres años de trabajo con tal de tener los recursos necesarios para ser mayordomo, lo cual probablemente no tiene relevancia desde el punto de vista mestizo, pero para ellos es un honor.

“La identidad indígena es profunda y su realidad muy compleja; quieren conservar lo que son, pero necesitan servicios, agua, salud, entre otros, para vivir mejor; un tarahumara me dijo una frase que resume esto: ‘Queremos seguir siendo lo que somos, pero vivir mejor’”, remata.


Derechos indígenas


Los derechos de los indígenas, culturales, sociales, entre otros, son todavía socavados y escamoteados en pleno siglo XXI con los argumentos de que legalmente no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, ni zonas extraterritoriales y estados regionales por encima del Estado nacional mexicano, y más recientemente que son iguales como factores de mercado y por lo tanto deben ser adiestrados para el trabajo moderno.


Los indígenas que ocupaban las tierras que hoy se definen como México, hace más de 500 años han sostenido una larga lucha por salvaguardar sus culturas y la posesión de sus territorios ocupados ancestralmente, ahí precisamente donde la naturaleza la proporcionó, acceso al agua y otros bienes para su subsistencia.



Primero fue su lucha en el marco de la expedición de las Leyes de Indias, luego la búsqueda de los objetivos de emancipación, fortaleciendo el movimiento independentista del siglo XIX y el revolucionario del siglo XX e, incluso, otros movimientos sociales posteriores como el de 1994 en Chiapas.


Derivado de las negociaciones Gobierno-EZLN, luego del inicio de aquella movilización de alto impacto público con todo y declaratoria de guerra contra el Estado mexicano desde la selva lacandona, en el 2001 el Congreso de la Unión aprobó una reforma –Ley Cocopa– que por primera ocasión en la época moderna reconocía derechos indígenas, y los colocó a nivel de la ley fundamental mexicana. Se aprobaron modificaciones a los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la Constitución, que originaron modificaciones de fondo en las relaciones que habían sostenido hasta ese momento los pueblos indígenas con el Estado mexicano.


Se anexó la prohibición a todo tipo de discriminación por diversidad étnica y cultural, se reconoció la pluriculturalidad nacional y la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas para decidir sus formas internas de convivencia y organización (aunque no formas de Gobierno, autoridades policiacas, entre otros), así como la expedición de sistemas normativos propios.

En 2003 se dio el visto bueno a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de ese mismo año.


(Martín Morales)



http://www.quehacerpolitico.com.mx/articulo.php?art_id=2778

Nada qué festejar el Día de la Raza: Indígenas mexicanos, los excluidos del sistema

Por: Javier Ramírez , Reportero
Semana del 7 al 13 de octubre de 2007
07 de octubre de 2007 | Número Epoca II Año II No. 26


A medio milenio del despojo de sus tierras y bosques; víctimas de marginación, miseria, y discriminación, los 15 millones de aborígenes, por enésima ocasión, son desdeñados por el Plan Nacional de Desarrollo

Viven prácticamente a su suerte. Están casi abandonados, marginados, discriminados en su propio país. Sólo son objeto de interés en campañas proselitistas. No hay candidato a cargo de elección popular que no los busque para tomarse una foto con ellos o centrar un discurso populista sobre sus carencias. Son los marginados y excluidos del sistema. Son los indígenas mexicanos.

A medio milenio del despojo de sus tierras y bosques, de marginación, abandono, miseria, saqueo, etnocidio y discriminación, los 15 millones de indígenas mexicanos, por enésima ocasión, fueron desdeñados por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno federal. Los indígenas viven como en el siglo XVI, y la Conquista moderna va por el resto de sus recursos a las montañas.

Mientras las comunidades aborígenes se encuentran en estado de emergencia, porque las grandes transnacionales y el Gobierno mismo las desplazan de sus territorios y las despojan de sus tierras y recursos naturales, las autoridades admiten omisión con los pueblos indígenas.
De acuerdo con información recabada, el Gobierno federal destina de manera insuficiente 30 mil millones de pesos de presupuesto anual a esa población, es decir, a cada indígena le corresponden, en promedio, dos mil pesos.

El próximo 12 de octubre, Día de la Raza, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informa que no tienen ninguna ceremonia oficial, y representantes de ese sector dicen que tampoco tienen que festejar nada.

La situación de esa comunidad casi en nada ha cambiado, a diez años de una radiografía hecha por la Secretaría de la Reforma Agraria, a cargo entonces del ahora extinto Arturo Warman.
En ese documento denominado La transformación agraria se afirma que en México hay 803 municipios con una superficie de 29 millones de hectáreas y una población indígena con “muy alta” y “alta marginalidad”, sin apoyo institucional.

Los grupos nativos ocupan el 73 por ciento de esa superficie. Y en las tres cuartas partes de ese mismo territorio se reporta la existencia de cuatro mil 998 ejidos y mil 297 comunidades con presencia indígena, en donde se observa poco potencial productivo, inadecuado aprovechamiento de la tierra, un deterioro en sus recursos naturales, carencia de infraestructura, minifundio, junto con una crisis del sector agropecuario.

Según información de la SRA, las organizaciones campesinas solamente hacen gestiones en 56 de los 803 municipios con presencia indígena, lo que indica una “baja cobertura”, y se asegura que 8.7 millones de aborígenes hablan 59 lenguas en 20 estados de la República.

RECURRENTE, DESPOJO DE TIERRAS

En relación con la problemática agraria, iniciada en 1519 con la llegada de los españoles, con la ocupación paulatina del territorio por los peninsulares, tanto las guerras como la despoblación, el despojo de las tierras de los indios y las sublevaciones con altibajos se repitieron en la historia mexicana.

El documento de marras de la SRA indica que “los postulados de los planes de San Luis Potosí y de Ayala, la ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 constitucional de 1917 no dejan duda de reintegrar sus tierras a los pueblos y comunidades indígenas”.

Refiere que en muchos casos los pueblos habitados por indígenas no podrían demostrar la propiedad de las tierras que les habían sido arrebatadas, pues ya no tenían los títulos primordiales otorgados durante la época colonial. De ese modo a muchos poblados indígenas no se les restituyeron sus tierras comunales, sino que se les dotó con ejidos.

El documento afirma que “sin desconocer el origen de la cuestión agraria, en la actualidad ésta no se circunscribe a los pueblos indígenas. Por ello en el sector agrario no existe un programa específico para su atención, sino para todos los campesinos mexicanos”.

Hace referencia a que organismos como la Dirección de Antropología y Poblaciones Regionales, de la Secretaría de Agricultura y Fomento en 1917, y el Departamento de Asuntos Indígenas en 1936 se encargaban de la problemática de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Y el Instituto Nacional Indigenista (INI), creado en 1948, participaba en la acción agraria de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales a favor de esas comunidades.

El diagnóstico hecho de los pueblos nativos no tiene precisión, aunque no es privativo del sector agrario, pues “refleja una de tantas omisiones que es necesario corregir en la nueva relación de los pueblos indígenas con la sociedad nacional y el Estado”.

La Constitución mexicana apunta en su artículo 27 que “la propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, que tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada”, e “...imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.

Y en la misma Ley Agraria, en su apartado 106, abunda que “las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el Artículo cuarto y el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 27 constitucional”.

MUCHAS CARENCIAS,
POCOS APOYOS

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, asegura que en la agenda legislativa en materia de pueblos indígenas están pendientes reformas constitucionales, “sobre todo en temas trascendentales como la protección de tierras, territorios, recursos naturales y derecho a la representación política en el Poder Legislativo.

“Los pueblos indígenas reclaman el derecho al desarrollo, en donde países como México y América Latina el gasto social que se destina año con año para pueblos indígenas es insuficiente, y desde el Congreso de la Unión el año pasado incrementamos sustancialmente el presupuesto para pueblos indígenas”.

Oriundo de la comunidad náhuatl guerrerense, el legislador perredista señala a QUEHACER POLÍTICO que “los pueblos originarios han sido abandonados y olvidados históricamente por la sociedad nacional, y se acuerdan de los pueblos indígenas cuando viene alguna catástrofe, terremoto, una sublevación social, una insurrección; la lucha armada no está descartada en México ni América Latina, pero por supuesto que en el Legislativo siempre apostamos al diálogo político, a los acuerdos parlamentarios y de entendimiento común”.

Admite que es “insuficiente” el apoyo que se les da a las comunidades étnicas, aunque, agrega, “sin duda hay algunos esfuerzos; el pueblo indígena mexicano se siente excluido, olvidado, y siente que no ha recibido el trato adecuado por parte de sus gobiernos del corte político que sea. Por eso hay un vacío de los pueblos indígenas en los procesos políticos electorales, y por eso el abstencionismo es muy alto, porque no sienten que a sus aspiraciones se les dé respuesta”.

Rechaza que las comunidades indígenas hayan sido utilizadas; simplemente es una parte de México que no se le ha querido ver, y “en México somos 15 millones de indígenas repartidos en todo el territorio nacional, desde la frontera norte con los yaquis, los guarigios, los rarámuris, y representamos el 12 por ciento de la población nacional”.

Los pueblos indígenas, recuerda, “fueron expulsados de las tierras planas, de los valles, de las tierras agrícolas, y nos orillan a irnos a las montañas a sobrevivir, a refugiarnos en las regiones inhóspitas, en donde la conquista moderna del siglo XXI va por el agua, bosque, minerales, petróleo y oro, en la cual no hay una situación de armonía como quisiéramos en las civilizaciones del mundo moderno”.

Sin precisar la superficie de tierra agraria despojada, el diputado perredista apunta que “sin duda ha sido una cantidad considerable que ha pasado a otras manos, y en México se llama latifundismo, el acaparamiento de tierras, los hacendados; son situaciones que siguen prevaleciendo hasta hoy día, por eso es que el pueblo indígena no se siente reflejado en las políticas de Gobierno”.

También desconoce el número de tierras de propiedad social que poseen los indígenas, pero, aclara, “las grandes represas de agua están en el sureste; ahí se genera mucha electricidad, pero paradójicamente los pueblos indígenas no tienen energía eléctrica, hospitales, salud, agua; has de cuenta que seguimos viviendo como en el siglo XVI; hay pueblos sin satisfactores básicos a los que deberían de tener derecho todos los mexicanos”.

En Oaxaca, Guerrero y Chiapas la pobreza “es más terrible. En Oaxaca hay comunidades que no tienen electrificación, siguen careciendo de agua, servicios médicos, no hay los servicios más indispensables que es el tener derecho a una educación primaria; son necesidades añejas, históricas y centenarias de las que no se les ha dado respuesta a los pueblos indígenas; los gobiernos y los estados han fallado”.

Dice que en “Oaxaca y Chiapas la sublevación en 2004 se originó en gran medida por la pobreza ancestral del estado; en Guerrero se han presentado sublevaciones acompañadas por la pobreza de los pueblos indígenas; son centenas de comunidades en donde prevalece esta situación”.

Al preguntarle sobre la Oficina de Atención a los Pueblos Indígenas en la administración de Vicente Fox, explica que en “la primera etapa los pueblos indígenas estaban interesados, porque mediante la señora (Xóchitl) Gálvez y la protección de la magia del poder de la Presidencia se avanzó algo en México”, sin embargo, añade, “esa oficina de la Presidencia de la República en México ha desaparecido, al final de cuentas se requieren instituciones sólidas que puedan durar más de un sexenio”.

La creada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que preside Luis H. Álvarez, “es una institución débil y marginal que no tiene el nivel de una secretaría de Estado con un poder económico para darle respuesta a 15 millones de indígenas en el país”, afirma el diputado del sol azteca.

Explica que “el año pasado liberamos alrededor de 30 mil millones de pesos; creemos que debería de haber un presupuesto de 40 mil millones de pesos anualmente para abatir el rezago histórico; ahora nosotros dentro de 25 ó 30 días vamos a entrar en la batalla del presupuesto de pueblos indígenas, creemos que vamos a llegar a 30 ó 32 mil millones de pesos, que no ayuda gran cosa, pero será un paso relevante e importante; en años pasados el porcentaje de incremento había sido menor, y a los pueblos indígenas, en México y América Latina, se destinan los terroncitos más pequeños”.

Una gran parte de los indígenas migra a las grandes ciudades, como al Distrito Federal, a países como Estados Unidos, y a otras capitales medias, y los que se quedan siguen dedicándose a la agricultura, al comercio, a la artesanía, comenta Matías Alonso, quien refiere que las comunidades aborígenes, por su situación de pobreza, han migrado a las grandes urbes, donde se carece de preparación para atenderlos. En la ciudad de México hay dos millones de indígenas que reclaman educación.

Asevera que “no hay nada que celebrar en torno al Día de la Raza; es un día que nosotros lo vamos a conmemorar para recordar nuestra historia, nuestros orígenes, y también para pensar en nuestro futuro, la lucha de los pueblos indígenas, la resistencia, la dignidad; más bien no tenemos qué festejar, tenemos que pensar en un día de dignidad”.

El Gobierno, dice, “hace alguna ceremonia oficial que no tiene mayor trascendencia; nosotros acostumbramos hacer reuniones, concentraciones con pueblos indígenas, pero se usa para reivindicar los derechos”.

Asienta que “son 500 años de olvido del poder y el Estado; aunque se ha reconocido el carácter pluricultural o plurilingüe, en la vida cotidiana es muy difícil, hay mucha resistencia por reconocer esta otra parte de nuestro mundo indígena en México y América Latina”.

INDIOS EN LA MARGINACIÓN
Y MISERIA: HELADIO RAMÍREZ

La Confederación Nacional Campesina (CNC), en voz del senador Heladio Ramírez López, denuncia que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Felipe Calderón “discrimina a más de 12 millones de indígenas del país, y sólo rinde tributo a las corporaciones transnacionales, que cada vez más imponen sus condiciones”.

En entrevista con este semanario, sostiene que el PND prevé un crecimiento del país basado en la productividad, pero sin hablar de la necesidad de la participación social en la economía y la distribución justa de la riqueza.

“La propuesta del Gobierno federal en materia indígena mantiene intacto el modelo económico y social impuesto por los organismos financieros internacionales”, acusa Ramírez López, quien califica este hecho de gran “irresponsabilidad” porque mantiene sumidos a los indios en la marginación y miseria, además de que se desprecia a nuestra multiplicidad de lenguas, y la actual administración ve como algo natural su extinción”.

Mientras el etnocidio aumenta, destaca, “la tecnocracia y su modelo económico, a través del movimiento corporativo transnacional, imponen sus condiciones. La maquinación consiste en convertir a los pueblos en consumidores irracionales e incultos, allanando cualquier expresión y diferencia que no se ajuste al objetivo de transformar a la sociedad en mano de obra barata, desposeída de cultura, patrimonio y raciocinio”.

Por eso expresa su repudio a este modelo que “propone una sola forma de tenencia, la privada; una sola lengua, el inglés; una sola ganancia, la de las grandes corporaciones transnacionales; una sola cultura, la incultura occidental, y una sola organización, el individualismo.

“Así ha sido en toda la historia –lamenta–, pues salvo las honrosas excepciones de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, prevalecen las traiciones, la marginación y el despojo del patrimonio original de los pueblos indios”.

El senador priísta e indígena mixteco llama a reconocer a los enemigos de la nación y ubicar las fortalezas de la patria, e invita a los jóvenes indígenas a tomar conciencia y combatir el deterioro cultural lingüístico, biológico y económico al que se ha sometido a los pueblos indios.

“En el Plan Nacional de Desarrollo busqué un cambio del modelo y no encontré el mínimo vestigio. Por otro lado, intenté localizar un compromiso claro del Estado mexicano para cambiar las cosas; no existe la menor insinuación de cumplir con este mandato contundente establecido en nuestra Constitución Política”, expresa.

En el tema del desarrollo sustentable, el Plan Nacional de Desarrollo también muestra su falta de compromiso con los sectores sociales de mayor vulnerabilidad, refiere, quien, asegura que “en México se insiste en dejar fuera a los pueblos indígenas de la lucha contra el calentamiento global, la desertización y la destrucción sistemática de los recursos naturales, lo cual resulta una barbaridad”.

Indica que el 90 por ciento de los recursos biológicos permanecen en propiedad ejidal y comunal, que los indígenas han sido desplazados a los lugares más inhóspitos del país, pero que el Gobierno no acepta el manejo comunal de las tierras y no se contempla un compromiso claro de pagar los servicios ambientales, proporcionados por los ejidos y las comunidades indias.

Critica el asistencialismo o limosnas que se ofrecen a los pueblos nativos de México y duda de un PND que para casi nada los contempla.

Considera que el país se debate en el dilema de conservar la esencia del indigenismo mexicano y afrontar el entorno globalizador que busca, por así convenir a sus intereses, y eliminar cualquier otra forma de vida que no parta de la utilidad, la privatización y el sometimiento al capital.

Al recordar la demanda hecha por el Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural para que el Gobierno de Felipe Calderón aplique y haga realidad la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, recién aprobada en septiembre pasado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ramírez López expresa que el documento constituye un hecho de enorme trascendencia.

Serán beneficiados más de 15 millones de indígenas mexicanos que cotidianamente son discriminados, desplazados de sus territorios y despojados de sus tierras y recursos naturales no sólo por grandes corporaciones transnacionales, sino incluso por sus propios gobiernos, que en nombre de la utilidad pública (expropiación) o del bien de la nación, quitan sin una indemnización justa y equitativa, y la mayoría de las veces ni siquiera con la molestia de una explicación.

El también Presidente del Frente de Legisladores y ex gobernador oaxaqueño –uno de los estados con mayor número de etnias en el país–, puntualiza que con la aprobación de la declaración se llena uno de los más grandes vacíos en el sistema internacional de los derechos humanos. Se sientan las bases de la nueva relación entre los pueblos indios, los estados y las sociedades.

Al mismo tiempo se abre el camino hacia la aceptación universal de la dimensión colectiva de sus derechos, contraria a la visión discriminatoria que tiende a negar los derechos colectivos y privilegia los individuales.

“Como mexicanos –expresa– debemos sentirnos alentados, no sólo por la contribución decidida y permanente de nuestro país al logro de esta declaración universal, sino porque algunos de los principios y derechos fundamentales que ella consigna, constan ya en el artículo segundo de nuestra Constitución, como es el caso de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas.

“Pero la Declaración Universal va mucho más allá. Consta de 46 artículos, en los que se reconoce a los pueblos indígenas conceptos tomados en su mayoría de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se establecen obligaciones a los estados nacionales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, entre las que sobresalen la preservación de los idiomas, tradiciones y culturas de los pueblos indios.

ONU, CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

“El reconocimiento de la ONU proscribe la discriminación y la explotación en el trabajo, y se garantiza el acceso pleno de los indígenas al desarrollo, a la educación y a la salud, lo mismo que el respeto a sus instituciones y formas de organización y gobierno.

“Se reconoce su derecho a no ser desplazados de sus tierras o territorios, y a que su reubicación, en caso de ser necesaria por razones de fuerza mayor, no pueda ser llevada a cabo sin consentimiento previo e informado, tras una decisión tomada con entera libertad”, explica el senador.

Sin embargo, añade, “en el país casi nada de eso se cumple y que para México, como Estado y como nación, la Declaración abre un nuevo tiempo de reflexión, debates y esfuerzos para construir y hacer realidad los nuevos enunciados”.

Ramírez López sostiene que no solamente se trata de adecuar nuestra legislación a los principios y derechos que la Declaración reconoce, sino, “principalmente, de hacer realidad los mandatos ya existentes en nuestra Constitución y leyes secundarias; hacer que la letra de la ley cobre vida en la realidad social; construir en los hechos y en la vida cotidiana de nuestras relaciones humanas, la justicia pendiente que mantiene a nuestros pueblos indios entre los socialmente excluidos, y entre los pobres más pobres de México y del planeta.

“Los pueblos indios requieren una vigorosa, clara y audaz política de cambio y desarrollo en su lucha contra la desigualdad y la pobreza, que abarque tanto los aspectos institucionales como productivos, y la manera como deben articularse a la globalidad, al mercado local y nacional, con base en la movilización de su esfuerzo participativo, en sus propias capacidades y en las fuerzas internas que viven en su cultura”, concluye.

Así las cosas, se observa cómo este sector es el gran pendiente de las clases gobernantes. Y como aseguran las voces críticas, este 12 de octubre, llamado pomposante Día de la Raza, no hay nada que festejar, sino por el contrario, es ocasión para tomar conciencia que por perversidad e ignorancia los hemos menospreciado y pisoteado, olvidándonos que nuestro origen glorioso es indígena, y son ellos los custodios y salvaguardas del árbol de la sabiduría y única opción para salir de la crisis nacional que habrá de arrollarnos.

http://www.quehacerpolitico.com.mx/articulo.php?art_id=2776

jueves, 8 de noviembre de 2007

En riesgo de desaparecer, 50 lenguas indígenas

Karina Avilés
jueves 8 de noviembre de 2007
La Jornada

De las 364 variantes de lenguas indígenas contabilizadas en el país, sólo se enseña 10 por ciento, y 50 están en riesgo de desaparecer, inclusive variantes del náhuatl, aun cuando tiene más de medio millón de hablantes, advirtió el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Fernando Nava López.

Una de las causas por las que no se transmite la enseñanza de dichas lenguas es por falta de profesores. En este sentido, el funcionario indicó que hay un déficit de al menos 75 por ciento de maestros que se dediquen a este tipo de formación.

“Si nosotros partimos de la cifra de 68 agrupaciones lingüísticas, alrededor de 10 o 15 cuentan con un maestro de una “ de las variantes. No llegaríamos siquiera a 20 agrupaciones representadas por profesores que impartan clases de una determinada lengua”. Por ejemplo, es muy difícil, si no es que inexistente, tener formación para aprender el kanjobal, el pima y el seri.

En el contexto del primer Foro internacional de experiencias exitosas en torno a la enseñanza de lenguas indígenas y minorizadas, Nava López señaló, en entrevista con este diario, que la ignorancia ha impedido llevar una vida inclusiva y democrática para las comunidades étnicas tanto de México como de otros lugares.

Exclusión, marginación y racismo

La exclusión, la marginación y el racismo son otras de las razones de la falta de enseñanza de las lenguas, apuntó. También es reflejo del desinterés y de que estas poblaciones aún son vistas con estigmas, y este país no es la excepción.

Consideró que lo más urgente es sensibilizar a la comunidad hispanohablante para hacerle entender la condición histórica del multilingüismo y reducir las actitudes de segregación.

Nava López señaló que el propósito principal del Inali en esta gestión es socializar las investigaciones básicas de los distintos campos de la lingüística para su aplicación comunitaria, en temas como la elaboración de métodos de enseñanza y alfabetos.

En cuanto al medio centenar de variantes que están en riesgo de desaparecer, citó los casos del náhuatl de Texcoco y del Nevado de Toluca. Situación diferente se da con el náhuatl que se habla en la delegación Milpa Alta, en la Huasteca Hidalguense y en la Sierra Norte de Puebla, donde dichas variantes se enseñan a las comunidades.

Indicó que se realizan esfuerzos en estados como Guerrero para que abogados indígenas que cuentan con título profesional puedan obtener su certificación para el ejercicio de la traducción y de la defensoría de los integrantes de los pueblos indios.

Adelantó que el próximo 14 de diciembre, en la Universidad Indígena de San Luis Potosí se graduará la primera generación de enfermeros bilingües interculturales. Sin embargo, reconoció que aún son pocas las instituciones educativas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se han organizado para impartir clases de dichas lenguas, por lo que falta mucho por hacer en términos de cobertura.

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/08/index.php?section=politica&article=012n3pol

miércoles, 7 de noviembre de 2007

Los caminos inciertos del derecho indígena

Magdalena Gómez
La Jornada
La reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas encuentra en México un escenario poco propicio para alcanzar justiciabilidad en el orden interno. Varios factores inciden: en primer lugar, la postura de la clase política que hegemoniza en el Congreso de la Unión: nos referimos a la dupla PRIAN, mientras el PRD no logra remontar de manera unánime el impacto de la postura que asumió su fracción en el Senado en 2001. Por otra parte, las organizaciones vinculadas al Congreso Nacional Indígena tienen fundada desconfianza en la posibilidad de que se modifique la contrarreforma que dio al traste con el proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, desvirtuando el contenido de los acuerdos de San Andrés.

En el primer caso, un indicador del escaso o nulo interés en los pueblos indígenas es la agenda de la reforma del Estado, en la que brilla por su ausencia la reflexión y propuesta en esta materia. Sus prioridades son más bien endogámicas y responden a la necesidad de revisar sus reglas de juego sin consideración siquiera a la apertura de espacios de democracia participativa. En el caso de quien ocupa el Ejecutivo no se le ven las mínimas señales de voluntad para asumir en serio la implicación del contenido de la Declaración; basta ver la orientación regresiva de la actual política indigenista.

En correspondencia con esta realidad, en el reciente Encuentro de Pueblos Indígenas de América, realizado en Vícam, Sonora, sencillamente no se destacó la demanda por el reconocimiento de derechos y la aplicación de la Declaración de la ONU. El movimiento está en otra dinámica.

Si a ello sumamos que la naturaleza jurídica de la Declaración deja su aplicación a expensas de la voluntad política de los estados, nos encontramos con un panorama frágil, por decir lo menos. Llamó la atención que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el comunicado oficial del pasado 13 de septiembre señaló que, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante, supone un instrumento legal internacional que ayudará a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación, y subrayó: “La declaración será vinculante para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para reconocer el documento”. Hasta hoy el único Estado que ha hecho eco de la recomendación es la República de Bolivia, que ya convirtió en ley la Declaración universal de derechos de los pueblos indígenas.

Pese a la situación descrita, hay inquietud en algunos sectores por conocer cuáles serían los espacios posibles de impacto de la declaración. Por ello es importante que se conozca su contenido, se analice el contraste del mismo frente a lo que hoy establece la Constitución General en nuestro país, en particular que se tome en cuenta que uno de los derechos claves en el documento internacional es el relativo a la libre determinación y a la autonomía para disponer de sus territorios y recursos naturales, señalando que se refiere a los que “tradicionalmente han poseído u ocupado”; también se refiere a la necesidad de contar con el consentimiento libre e informado antes de que el Estado realice algún proyecto, incluye dentro del patrimonio de los pueblos indígenas los recursos genéticos, etcétera. Como vemos, hay un claro antagonismo con la lógica privatizadora dominante.

Por lo demás, de regularse en nuestro país tendría que ser en la Constitución General, ya que la materia es de competencia federal. Este punto es importante porque en algunas entidades se está promoviendo legislación en el contexto de la Declaración de la ONU y habría que estar muy claros de que los márgenes de regulación a ese nivel son muy estrechos.

Por otra parte, habría que considerar el impacto político de sepultar definitivamente la aspiración de que se derogue la contrarreforma indígena de 2001, si se entra al juego de reformitas locales marginales que en última instancia irían en concordancia con el vaciamiento de los acuerdos de San Andrés que se realizó en el texto actual del artículo segundo constitucional. Si bien formalmente la Declaración da respaldo para que se amplíe el marco de derechos a los pueblos indígenas y se vaya más allá incluso de lo pactado entre el EZLN y el gobierno federal en 1996, no podemos engañarnos sobre la fuerza política que se requiere para lograr tal objetivo.

Por ejemplo, hoy se cuenta con el reconocimiento parcial de algunos de los derechos de los pueblos indígenas, pero ni siquiera esos precarios derechos se han cumplido. Es el caso del derecho al traductor e intérprete: en 20 años no se ha logrado concretar un programa nacional de formación y profesionalización de traductores en lenguas indígenas. De estas realidades lamentables hablamos, más allá del voluntarismo discursivo y formalista.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/06/index.php?section=opinion&article=020a2polhttp://www.jornada.unam.mx/2007/11/06/index.php?section=opinion&article=020a2pol

Indígenas presos, El lado oscuro de la justicia.

Por Pascual Salanueva

Foto: David Jaramillo
Indígenas presos

Sujetos a proceso penal por diversos delitos, mas de siete mil indígenas viven recluidos en las cárceles del país, muchos de ellos sin atención legal

A pesar de los reiterados discursos a favor de los indígenas, de las autoridades de todos los niveles, éstos continúan en la más absoluta marginación e incluso, pueden rodar aún más bajo de la escala social, si por azares del destino llegan a pisar una cárcel.

Estadísticas del Instituto Nacional Indigenista (INI), indican que cada año son procesados por delitos del fuero común y federal, más de siete mil indígenas de las diferentes etnias que existen en el país, de los cuales sólo una mínima parte llegan a obtener su libertad antes de cumplir su sentencia.

El director de Procuración de Justicia del INI, Eduardo Martínez Loyola, señala que de los siete mil 200 reos indígenas que hay en el país, el 82 por ciento están procesados o sentenciados por delitos del orden común; el 18 por ciento restante, pertenecen al fuero federal.

Entre los delitos de mayor incidencia perpetrados por los indígenas, destacan el homicidio, seguido por el de lesiones, daño patrimonial, robo, despojo, daño en propiedad ajena, violación, estupro, hostigamiento sexual y portación de arma prohibida, contra la salud. portación de arma de fuego, posesión de explosivos y ecológicos.

Ausencia del INI en seis estados


El INI sólo tiene presencia en 24 entidades del país y en muchos casos para conocer si existen indígenas en las cárceles de esos estados tiene que apoyarse en los informes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Las entidades con mayor número de reos indígenas son Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas, y con menor Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila.

Martìnez explica que desde 1984 esta institución viene trabajando para liberar a los indígenas presos, motivo por el cual se encuentra en permanente contacto con algunas dependencias federales y estatales, ONG y algunas instituciones privadas.

“El INI está en capacidad de apoyar al indígena durante su proceso jurídico hasta con 35 mil pesos, con la única condición de que éste sea primo delincuente y se haya asumido como perteneciente a cualquiera de las etnias que existen en la República Mexicana”.

Además, el INI pide un aval a la comunidad a la que pertenece el indígena preso y únicamente en el caso de obtener buenas referencias acepta defenderlo; de lo contrario, lo abandonará a su suerte.


Defensa Indígena, letra muerta

El INI acepta que la realidad es muy opuesta a las leyes. En la práctica, el agente del Ministerio Público, para evitarse problemas, omite preguntarle al detenido si habla alguna de las 62 lenguas indígenas que existen en el país, así que si el indígena en cuestión carece de dinero para pagar la multa, sin mayores contemplaciones se le consigna al juzgado.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Héctor Sánchez, sostiene que tanto en la frontera norte como en la del sur existe una desprotección total del indígena que se agrava aún más por el hecho de que algunos no hablan español y no se les proporciona un abogado defensor.

Foto: David Cilia

Relata que en un viaje reciente a Tijuana, encontró a 16 indígenas presos de los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, de los cuales dos no hablaban español. Descubrió que la procuraduría de justicia estatal jamás les había proporcionado un intérprete y mucho menos un abogado defensor, por lo que el detenido estaba en la más completa indefensión jurídica.

Durante las sucesivas visitas que hizo a la cárcel también pudo percatarse de que los jueces estaban deshumanizados y poco les importaba la suerte de los indígenas. Y peor aún: el INI no había intervenido a favor de éstos.

Sánchez dejó entrever que el INI no es muy afecto a auxiliar a los indígenas, pues cada seis o doce meses algún funcionario de esa institución aparece en las cárceles, pero lo más que llega a hacer son reportes sobre el número de indígenas que encuentra en cautiverio.

A diferencia de otras épocas esta comisión de indígenas no mantiene intercambio de información con el INI, así como tampoco con la Procuraduría General de la República. los actuales voceros desconocen datos elementales como el número de indígenas presos acusados de delitos del orden federal.

En el fuero común, la Dirección de prensa desconoce el número de indígenas presos que hay en el Distrito Federal. Y lo mismo ocurre con el coordinador de los abogados de oficio del fuero común en los reclusorios preventivos Norte, Sur y Oriente, Alberto Rocha, quien tampoco lleva un control de los indígenas presos.

Para el jefe de los abogados de oficio este desconocimiento tiene una explicación muy sencilla: los indígenas casi nunca se asumen como tales, por el temor a ser aún más discriminados por los mestizos o ladinos.

El agente del Ministerio Público tiene la obligación en cuanto sabe que el detenido es un indígena, de buscarle un intérprete, para que le haga saber sus derechos.

Pero esto no sucede así, porque casi nunca los indígenas se asumen como tales. Por otro lado, el MP no llama al abogado de oficio, sino a alguna persona de su confianza y que no necesariamente es un abogado.

Tampoco la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, cuenta con un convenio con el INI, aunque los abogados de oficio si mantienen nexos con algunas ONG abocadas a la defensa de los derechos humanos.

Los jueces nunca se enteran del paso de los indígenas por los juzgados. Explica que con base en una encuesta realizada conjuntamente por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE) se pudo corroborar que solamente en un 10 por ciento el juez preside las diligencias que se llevan a cabo en los juzgados, pues por lo regular esa tarea se la dejan a alguno de sus secretarios.

Un 89 por ciento de las personas consignadas a un juzgado no pudieron hablar con el juez y lo que dificulta todavía más el poder contactar a la población indígena.

La jefa de defensores de oficio del Reclusorio Preventivo Oriente, Joahana del Río Rebolledo, coincide con su jefe en lo difícil que resulta detectar a los indígenas en el interior de las cárceles del DF, sobre todo por el estigma que para ellos representa el asumirse como indígenas. Se han detectado 18 casos, entre los que se encuentra un indígena nahua del estado de Guerrero.

Dice que supo de la etnia a la que pertenecía un indígena preso en el Reclusorio Oriente por mera casualidad.

Cuenta que una mujer humilde la abordó en su despacho y tras escuchar su problema le preguntó si hablaba alguna lengua indígena y ésta le respondió que el náhuatl, al igual que su marido que se encontraba encarcelado y cuya condición social se desconocía.

Entre las ONG que existen en la capital del país dedicadas a la defensa de los derechos humanos destaca la Fundación de Servicios Legales y Sociales para la Comunidad Indígena y cuyo fundador es el abogado Manuel Rosales Castillo.

“En cuanto un indígena pisa el DF comienzan sus problemas. Apenas desciende del autobús puede ser extorsionado por la policía y en algunas ocasiones hasta ser detenido como presunto responsable de un delito que no cometió. Los policías, en su afán de obtener dinero fácil, de manera subrepticia meten droga entre sus pertenencias, a la vez que les exigen que les dé todo lo que tengan de valor, para no arrestarlos”, dice Rosales.

Prisioneros por consigna

Tlaxiaco, Oax.— Integrantes del movimiento indígena de la Mixteca oaxaqueña, los hermanos Sansón y Amado Aguilar Sánchez, defensores de los recursos naturales de su natal Santa Cruz Itundunjia, Putla, purgan una condena en el Penal de Tlaxiaco por la muerte de Gildardo García García, miembro del grupo Yenis, primer eslabón de la cadena de empresas explotadoras de maderas en Oaxaca.

Ambos forman parte del Comité de Defensa de los Problemas del Pueblo, dedicado al cuidado de los recursos naturales de Santa Cruz Itundunjia. Denunciaron reiteradamente los ilícitos de las empresas forestales “Bosques de Oaxaca” y “Maderera Mixteca”, intermediarias de “Triplay de Oaxaca”, a la que los pobladores de la región relacionan con el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López.

Sansón y Amado salen de la oscura soledad de su celda para aproximarse a la reja de visita del Penal de Tlaxiaco. Ya ahí, su abogado, Maurilio Santiago, les indica que pueden hablar.

Sansón dice que las imputaciones que pesan sobre ellos son fabricadas. Su hermano Amado mira cauteloso a su alrededor y luego de una pausa comienza a hablar. Remonta su historia más de una década atrás.

“Fui detenido el 4 de julio de 1990, sin orden de aprehensión, por la policía municipal, siendo agente municipal Wenceslao Sánchez, integrante del grupo los Yenis, que me remitió con una serie de acusaciones falsas sobre la muerte de Gildardo García García.

“Me llevaron a revisión médica y se expidió el certificado que decía que yo estaba bien de salud. Ya en manos de los agentes judiciales, éstos me sometieron a tortura por varias veces en el río Copala a altas horas de la noche. Después, cuando me presentaron con el agente del MP, Juan Bautista Mejía, me amenazó de muerte con una pistola.

“Continuaron las torturas y, ante el peligro de morir, declaré lo que no cometí, y quedó en el acta penal 2107-a- 90. Luego la juez Areli Reyes Terán me dijo que si yo tenía dinero, más que la otra parte, yo era inocente, pero que si no tenía, aunque fuera inocente tenía que ser culpable”.

La instrucción del proceso de Amado Aguilar terminó en 56 días con un auto de formal prisión, por homicidio calificado, con una sentencia de 30 años, según expediente penal 45/990.

La historia que narra Sansón Aguilar es similar a la de su hermano: “Fui detenido el 28 de septiembre de 1992, sin orden de aprehensión, por la policía municipal en Santa Cruz, sin que tuviera derecho de hacerlo.

“El 2 de octubre me trasladaron a Putla de Guerrero, en donde rendí mi declaración preparatoria, y en la misma señalé que el día de los hechos, que fueron en Putla, estuve en un seminario forestal aquí en Tlaxiaco, a 108 kilómetros de distancia, como consta en el acta que aporté el acta del seminario en la que no sólo aparece mi firma, sino la de autoridades de varios pueblos.

“Mi hermano estuvo ese día en Oaxaca, que es una distancia mucho más alejada, y sin embargo la juez a la hora de dictar mí sentencia dice que estaba relativamente cerca de Putla y que pude ir a cometer el ilícito y volver al seminario en Tlaxiaco, pero no aportó ninguna prueba y me dictó una sentencia injusta de 30 años por homicidio calificado”.

Sansón Aguilar explica el motivo real de su detención: “Dentro de nuestra organización decidimos impulsar la producción agropecuaria, a fin de ser autosuficientes y el excedente venderlo a las comunidades aledañas y formar cooperativas tanto de producción como de consumo. De esta manera su organización empezaba a beneficiar a la mayoría de la gente de su pueblo, y eso precisamente fue lo que asustó al poder caciquil de la región.

“Los Yenis enfocaron las cosas hacia nosotros, mayormente a mí y a mi hermano, porque nosotros encaramos más los problemas y nunca anduvimos con titubeos para decir la verdad, y como varias veces denunciamos cosas como que ellos vendían a 13 mil pesos el metro cúbico de madera y a los propietarios les decían que el precio era de 8 mil, o les decían que los árboles rendían cuatro metros cúbicos de madera cuando en realidad rendían ocho o nueve metros.

“En todas estas acciones tenían que ganar más para poder comprar armas. Ellos tenían su arsenal y la capacidad de comprar a las autoridades. En nuestro caso, compraron a los agentes del Ministerio de Putla, ya que el objetivo era dejarnos en la cárcel y aquí estamos por un delito que jamás cometimos.

“Por ese tiempo era diputado por el séptimo distrito Heraclio Celis Villagómez, asesor intelectual de la Unidad Especializada de Aprovechamiento Forestal Yenis, y fue quien influyó sobre la juez para que en el más mínimo tiempo se me hiciera aparecer como criminal.

Los hermanos Aguilar, con plena conciencia, mantienen la esperanza puesta en su abogado Maurilio Santiago Reyes, quien pretende llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

info@contralinea.com.mx

http://www.contralinea.com.mx/c11/html/sociedad/feb03_indigenas.html



martes, 6 de noviembre de 2007

VIOLENCIA EN LAS RELACIONES INTERÉTNICAS

Cristina Oehmichen

En este artículo se analiza el tema de la violencia y el racismo a la luz de las relaciones indo mestizas en México. Se parte de considerar a la violencia simbólica como una práctica presente en la construcción cultural de la nación sobre la cual descansan las representaciones actuales que tienden a criminalizar a los indígenas. Para ello se presentan algunos aspectos de la violencia, tanto simbólica como de otro tipo, que emergen de las relaciones interétnicas en la Ciudad de México.

Introducción

Me propongo analizar algunos aspectos de los diferentes tipos de violencia que se presentan en las relaciones indo-mestizas de México para, posteriormente, exponer la manera en que dichas relaciones se expresan en la Ciudad de México. Para ello, me baso en información etnográfica obtenida de 1997 a 2003 entre indígenas mazahuas inmigrantes y grupos no indígenas con quienes interaccionan de manera cotidiana. La información se complementa con algunos elementos discursivos que muestran la conformación de nuevos atributos de identificación y tienden a criminalizar a los indígenas en un contexto en el que la inseguridad pública y la violencia se convierten en un problema que afecta a toda la sociedad.

La metodología empleada consistió en realizar entrevistas abiertas y semidirigidas a 54 inmigrantes mazahuas originarios de dos comunidades diferentes. El objetivo fue conocer los procesos de identidad y cambio cultural que se derivan de la migración ruralurbana.1 No obstante, durante el trabajo de campo surgieron temas que no estaban contemplados y que surgían de las conversaciones y charlas informales. Así, los problemas relacionados con la discriminación, el racismo y la violencia fueron temas recurrentes en las pláticas. Además de lo anterior, fueron entrevistadas 25 personas no indígenas que viven en las cercanías de los vecindarios étnicos y grupos de comerciantes, con el fin de conocer su percepción sobre la presencia indígena en la ciudad. Finalmente, fueron entrevistados funcionarios del entonces Instituto Nacional Indigenista2 y del Gobierno del Distrito Federal.

Pero ¿qué es la violencia? Ésta ha sido definida como “el uso o la amenaza de la fuerza física entre individuos o grupos” (Giddens, 2000: 740). Se diría, pues, que se trata de un comportamiento objetivamente preconstituido o de un tipo de comportamiento social. En esa misma tónica, Françoise Héritier (1996) define la violencia como toda coacción de naturaleza física o psíquica susceptible de atraer el terror, el desplazamiento, la desgracia o la muerte de un ser animado. La violencia incluye también los actos que tienen por efecto el despojo del otro y el daño o la destrucción de objetos inanimados pertenecientes al otro.

No obstante, la violencia es también un concepto socialmente construido, donde interviene la cultura y la subjetividad. Con frecuencia lo que se considera como comportamiento violento en ciertos contextos socio-culturales, deja de serlo en otros. Incluso pueden coexistir en una misma sociedad mundos normativos diferentes que definan también de modo diferente la violencia. (Héau y Giménez, 2005; Welzer-Lang, 1992).

Existen diversas formas de violencia que podemos considerar como “consuetudinarias” y que son constitutivas de las relaciones de poder. Se trata de una violencia institucionalizada, enraizada en la cultura, e inscrita en las mentes y en los cuerpos de quienes la ejercen y de quienes la sufren. Esta forma de violencia muchas veces es imperceptible porque se encuentra inscrita en la doxa, ya que pertenece al ámbito de lo pre-interpretado. A este tipo de violencia se refiere Bourdieu (1998) cuando habla de la “violencia simbólica” que permite reproducir y perpetuar relaciones de dominación. Se trata de aquella forma de violencia enraizada en la cultura, y que se ejerce con la participación activa y el consentimiento de los dominados para perpetuar su propia dominación. Este concepto es útil para analizar las relaciones asimétricas de larga data.

En las relaciones interétnicas la violencia se expresa con mayor o menor crueldad e intensidad dependiendo del contexto de interacción y de los intereses en juego. En Latinoamérica, el racismo y la violencia contra las poblaciones originarias han sido constantes a lo largo de la historia. El uso de la fuerza física es la expresión más visible de la violencia interétnica, pero no es la única.

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Historias de resistencia y exterminio. Los indios de Coahuila durante el siglo XIX

Martha Rodríguez García

La obra

El noreste de nuestro país durante el siglo XIX fue testigo de la culminación de una serie de procesos que se iniciaron lejos, en tiempo y espacio, de sus actuales fronteras. A los territorios que hoy ocupan los estados de Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas, llegaron durante ese siglo grupos nómadas, como los lipanes, de filiación apache, los comanches y tahuacanos, expertos jinetes, guerreros por vocación, que fueron desplazados de sus hábitats originales por ingleses y franceses. También arribaron a la región otros grupos procedentes del sureste estadunidense: los mascogos y seminoles, igualmente empujados de su territorio por los españoles primero, y franceses e ingleses después. Asimismo, los kikapús, nación que se estableció en la parte central de Coahuila.

De todas estas naciones, las únicas que sobreviven hasta nuestros días son las de los kikapús y los mascogos, las otras fueron exterminadas tanto por guerras interétnicas como por la acción, concertada o no, del hombre blanco a ambos lados del río Bravo o Grande. La estrategia utilizada por los estadunidenses fue el establecimiento de fuertes militares y de reservaciones indias. Del lado mexicano, se fundaron las colonias militares. Los habitantes no indios del norte de México no se diferenciaban de los texanos, en el sentido de que todos querían, y consideraban necesario, el exterminio de los “salvajes”; estaban convencidos de que su existencia era un obstáculo para el progreso de la región. Sin embargo, lo paradójico de esta historia es que, al menos los mascogos, seminoles y kikapús, fueron invitados y contratados por el gobierno mexicano para defender y guardar la frontera de los ataques de apaches y comanches.

El autor

Martha Rodríguez García es historiadora y en la actualidad se desempeña como directora del Centro de Estudios Sociales y Humanísticos, A.C., en Saltillo, Coahuila. También ha sido coordinadora del Archivo Municipal de Saltillo y del Archivo General del Estado de Coahuila.

Su actividad como investigadora se ha centrado en el proceso de exterminio del nómada en Coahuila durante el siglo XIX. Entre su material publicado destaca Coahuila: textos de su historia, así como doce catálogos de diversos fondos documentales del Archivo Municipal de Saltillo. Además, coordina el libro Signos para la memoria. Coahuila: patrimonio natural y el proyecto para el rescate y la restauración de la misión de San Bernardo.



http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=919

El reto de ser chino en México

Esa comunidad se ha sobrepuesto al racismo para poder salir adelante

Gardenia Mendoza Aguilar

06 de agosto de 2007

MÉXICO, D.F.— Veintitrés mil chinos en un país de más de 100 millones parecería poca cosa, sin embargo, esta comunidad en México se ha sobrepuesto al racismo, el idioma y la estigmatización para ser exitosos empresarios, comerciantes, profesionistas, intelectuales y artistas que representan con orgullo a sus dos patrias.

"No es fácil vivir en medio de una cultura con costumbres tan arraigadas", comenta Jimmy Li, representante de la Cámara de Empresarios Chinos en México [que aglutina unas 150 firmas], quien llegó al país hace 18 años y adoptó la ciudadanía. "Si te adaptas, no puedes irte de aquí".

Li era funcionario de la paraestatal petrolera Xino Chen, que lo contrató por su dominio del idioma español —estudió idiomas y relaciones internacionales en Shanghai— para trabajar en México. Estuvo de 1989 a 1994. Después de ese período creyó que era el momento de volver a su tierra natal.

Su sorpresa en Asia fue que ¡extrañaba la tierra del chile! Y sus amigos le insistían con vehemencia que regresara: "Tú ya no eres chino", decían, "ya piensas diferente, mejor vete a México".

Empacó sus maletas y regresó para emprender un negocio de importaciones y exportaciones. Se casó con una muchacha china y hoy tiene dos hijas mexicanas por nacimiento, una compañía próspera y dice "canijo" e "híjole", dos localismos.

Para Li, la integración al mercado mexicano ha sido relativamente fácil porque tiene como política no competir con los productos locales. "Importo mercancías de todo tipo que no se elaboran en México como aisladores, gasas hemostáticas, termómetros, jalea real", revela orgulloso de su habilidad para armonizar con los dos mundos.

De hecho, su oficina es una especie de museo de "encuentro de dos mundos" con banderas, libros en mandarín y castellano, billetes con Maos y Benitos Juárez, dragones y quetzalcóatls en escritorios, paredes, repisas, tableros y cristales.

La mayoría de los chinos es más nacionalista, sobre todo cuando se habla de comercio. Y poco a poco están penetrando en el país: desde 2003 el "Tigre Asiático" es el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos, pero le vende más de lo que compra.

El Centro de Estudios China México (Cechimex) documenta que en 2004 la relación entre las importaciones y exportaciones provenientes de ese país asiático fue de 31 a 1.

Además, cuenta con 278 empresas establecidas formalmente, entre ellas TCL, la mayor productora de televisiones en el mundo; Lenovo, la tercera fabricante global de computadoras, y Sinatex, que forma parte de un conglomerado industrial de textiles, maquinaria y farmacéuticos.

A pesar de esta expansión, la comunidad china en México aún no percibe recelo, envidia, desconfianza o sentimientos racistas por parte de los mexicanos como sucedió a principios del siglo XX cuando cerca de 12 mil chinos fueron contratados para laborar como jornaleros, mineros y constructores en los estados de Sonora, Baja California, Coahuila y Chiapas.

El movimiento antichino se inició con la matanza de 303 chinos en Torreón, Coahuila, en 1911, perpetrada por fuerzas revolucionarias al mando de Emilio, hermano de Francisco I. Madero.

La cultura del ahorro y su habilidad comercial había ayudado a los chinos a abrir sus propios negocios. Después formaron agrupaciones y partidos políticos, despertando la xenofobia de los nativos.

Los gobiernos de los estados con el visto bueno del entonces presidente Pascual Ortiz Rubio acosaron a los chinos por decreto imponiendo cuotas, anulando sus garantías individuales y hasta sus matrimonios con mexicanas y acusándolos de mercadear drogas: se les persiguió y deportó hasta casi el exterminio.

Así se explica la escasa población china. Actualmente la embajada china contabiliza tres mil residentes chinos y 20 mil mexicanos de origen chino dedicados principalmente a la gastronomía y el comercio y en menor escala a la burocracia y a la vida profesional.

Están distribuidos principalmente en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali Chiapas y en el Distrito Federal, donde cada año realizan la "Fiesta del Dragón", en el barrio chino, y una peregrinación a La Villa, para "agradecer la hospitalidad de la Virgen de Guadalupe".

Algunos están en México porque sus antepasados se aferraron al país y regresaron cuando terminó la persecución de chinos, a finales de los años 30. Es el caso de Juvencio Wing Shum, uno de los catedráticos más destacados en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El padre de Wing Shum era un emigrante cantonés que se aventuró a trabajar en la construcción del ferrocarril en Oaxaca en 1914 contratado por una compañía inglesa que le daba trato de esclavo. Huyó a la Ciudad de México en 1927, en plena campaña antichina, y fue deportado.

En China se casó por segunda vez con una muchacha de 14 años a quien convenció de que México era la "maravilla del mundo" y regresó para establecerse en Minatitlán, Veracruz, al sur del país, donde vio nacer a su siete hijos, entre ellos Juvencio.

"Éramos muy pobres, pero salimos adelante. Todos los hermanos estudiamos en la universidad mexicana", cuenta el académico, quien también tiene un doctorado en economía del desarrollo en la Universidad de París.

"Con esfuerzo se puede todo. Lo único que no he logrado es que mis compatriotas mexicanos me consideren uno de ellos sólo porque tengo rasgos orientales. Siempre he sido ‘el chino’. Mi hija que es mitad mexicana también es ‘la china’".

Uno de los esfuerzos más intensos para eliminar los prejuicios lo encabeza Eduardo Auyón, un intelectual oriundo de Guangdong, China, pero que vive en Mexicali, Baja California, desde hace 52 años, ha fundado la Alianza Pro Unificación Pacífica de China en México e impulsado vehementemente la Asociación China local.

"Mi deseo es abrir un museo en honor a los chinos caídos en México para que se conozcan sus contribuciones y sacrificios

http://www.laopinion.com/primerapagina/?rkey=00000000000002078950

Kalimba estalla contra el racismo

por: Omar Reyes
Fuente: Televisa Espectáculos

Kalimba no piensa quedarse con los brazos cruzados, ya que hace unos días fue víctima del racismo


CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 24, 2005.- No es la primera vez que Kalimba sufre una agresión por parte de un sector del público. En abril de este año, en el evento ‘Santo Desmind’, en Puerto Vallarta, recibió una serie de proyectiles que por fortuna no alcanzaron su objetivo.

Hace unos días, el interprete respondió con furia a un tipo que durante 20 minutos lo agredió verbalmente lanzando improperios y frases contra el color de su piel en un antro de la Ciudad de México. Hoy comienzan las consecuencias y sus abogados tomarán cartas en el asunto.

"Nos interesa resolver esto de una manera más tranquila, aunque esto no empezó con paz, me interesa resolverlo de la manera más tranquila que se pueda", aseguró el cantante.

El artista reconoció que nunca debió de contestar la provocación.

"Es más lo digo honestamente, me da tristeza tener que exponer acerca de la violencia. Nunca he sido un persona que le guste o que le guste poner este ejemplo, les pido de verdad una disculpa".

Kalimba considera que ofender a una persona por el color de su piel, por su forma de vestir, o ideología es un grave problema de ignorancia.

"Independientemente del racismo hacia negros o hacia algunas razas, creo que en este país todavía se maneja mucho el elitismo en los antros, en los clubes"

Finalmente, Kalimba se lamentó por la escena nada cordial de esa noche.

"La ira, la tristeza, el coraje, la pasión, el amor, muchos de los sentimientos son prácticamente incontrolables y si alguien te insulta durante 20 minutos, cada quien reacciona de manera diferentes, a mi me tocó reaccionar con ira por desgracia".

http://www.esmas.com/espectaculos/farandula/484513.html

Tus derechos en el antro

Al acudir a una disco toma en cuenta que no pueden seleccionarte al entrar, ni tampoco condicionarte la mesa por el consumo. Los precios deben estar a la vista o en la carta

Rubén Castro / ELUNIVERSAL.com.mx
El Universal
Jueves 28 de diciembre de 2006


Una noche en la capital dos grupos de amigos decidieron, cada quien por su lado, ir a bailar en uno de los diversos antros que existen en la ciudad.

El primer grupo, compuesto por tres empleados de oficina, arribó a un bar al sur de la ciudad. La mesa que les dieron fue con la condición de consumir una botella que superaba los mil pesos y además de dudosa procedencia, ya que carecía de etiqueta.

Al segundo grupo no le fue mejor: tres estudiantes universitarias ni siquiera pudieron entrar a una disco al poniente de la capital. El motivo: una de ellas era morena, además de que vestía con jeans y tenis, por lo que le dieron el “visto malo”.

Por desgracia, ambas historias fueron reales, aunque tal vez lo más grave es que ninguno de ellos denunció tales acciones ante las autoridades, más allá de externar su molestia a los encargados y retirarse del lugar.

No sólo en fechas de alta demanda para discotecas, tal como lo fue el periodo de posadas y ahora el año nuevo, es importante conocer los derechos que tienes al asistir a este tipo de establecimientos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da a conocer cinco derechos básicos que tienen los consumidores al momento de acudir a un antro:

  • No pueden seleccionarte al entrar
  • No pueden condicionarte la mesa por el consumo de algo
  • Los precios deben estar a la vista o en la carta
  • El consumo mínimo no es válido
  • No te pueden cobrar el servicio o exigirte propina (es voluntaria)

    Si no te respetan alguno de estos derechos puedes denunciar el abuso llamando al Teléfono del Consumidor: 01-800-468-8722. También puedes acercarte a la Delegación Profeco más cercana.

    Al presentar tu queja deberás indicar tu nombre, dirección, teléfono, datos del proveedor, motivo de tu denuncia, fecha y hora; si cuentas con nota o factura que avale tu denuncia anéxala. La Procuraduría destaca que tu denuncia es confidencial.

    La idea original de orientar a los consumidores sobre sus derechos en los antros fue de la Delegación Profeco en Puebla.

    El objetivo del programa, según explican, es evitar privilegios en las discotecas, ya que “nosotros somos los clientes y todos deben ser tratados de la misma manera”.

    Lo anterior está estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

    Botella que no has de beber....

    Por lo regular, en estas fechas la Procuraduría Federal del Consumidor implementa un programa especial que incluye visitas de verificación a discotecas, centros nocturnos y restaurantes.

    De cualquier manera, al momento de adquirir cualquier tipo de bebida alcohólica es importante seguir una serie de recomendaciones por parte de Profeco. Las mismas también aplican para la compra fuera de un antro, tal como vinaterías:

  • Verifica que la tapa de la botella esté perfectamente cerrada y que ésta cuente con los sellos correspondientes.
  • Desconfía de los precios excesivamente bajos. Si te ofrecen un producto por debajo del precio promedio, de ninguna manera puede ser una bebida original.
  • No olvides que las llamadas “bebidas pirata” representan un serio riesgo para la salud de quien las consume.
  • En el caso del Tequila, verifica que la botella incluya en su etiqueta principal la palabra Tequila en forma destacada y legible, categoría a la que pertenece (100% de agave o 100% puro de agave) y tipo (blanco, joven u oro, reposado y añejo).
  • Asegúrate de que incluya además el contenido neto, porcentaje de alcohol y marca registrada.
  • Asimismo, revisa la información adicional que algunos productores incluyen -aunque la NOM no los obliga a hacerlo-, tales como nombre o razón social del productor o de la fábrica autorizada, domicilio, la leyenda “Hecho en México”, contraseña oficial, lote, leyenda precautoria y logotipo de envasado de origen.

    Como te ven ¿te tratan?

    Tal como le sucedió al trío de estudiantes, negarte el acceso a un lugar de esparcimiento por tus rasgos físicos o incluso por tu forma de vestir es un acto fuera de la ley.

    Según define la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la discriminación racial es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivo de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

    México ratificó la Convención Internacional sobre la eliminación de este problema. En el artículo 133 de la Constitución se estipula que la convención es parte del derecho positivo mexicano, por lo que el Estado está obligado a respetarla y garantizarla a través de mecanismos de protección accesibles y efectivos.

    Puedes visitar la página de la Comisión para aclarar tus dudas al respecto: www.cdhdf.org.mx.

  • http://www.el-universal.com.mx/tudinero/1955.html

    Los jornaleros agrícolas “son sucios y no se bañan”, dice burócrata de Sedeso

    • Justifica la insalubridad en que viven esos trabajadores en Jiménez, Chihuahua
    • Denuncia la Cocyp la complicidad del ombudsman estatal en abusos contra campesinos

    Matilde Pérez U.

    No vale la pena construir albergues para los indígenas migrantes que trabajan en los campos agrícolas de Jiménez, Chihuahua, porque “son sucios, no se bañan ni limpian los cuartos”, dijo Adrián José Serrano, funcionario del programa Jornaleros Agrícolas, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), ante integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp).

    José Jacobo Femat, dirigente de la Cocyp, comentó que en la reunión que sostuvieron integrantes de la organización el pasado lunes en Jiménez, Chihuahua, con funcionarios de Sedeso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y diputados locales, el funcionario de la Sedeso eludió cumplir la responsabilidad de construir infraestructura, como lo marca el programa de jornaleros agrícolas, para mejorar las condiciones laborales de los indígenas que acuden a los campos de cultivo.

    Dicho programa señala que se registrarán y atenderán las concentraciones de jornaleros agrícolas que presenten carencia de infraestructura y servicios básicos, dijo el dirigente.

    Sin embargo, el funcionario eludió dicha responsabilidad y argumentó que no podría comprometerse a revisar las instalaciones en los campos agrícolas ni a exigir mejores instalaciones, porque debe haber un acuerdo con el gobierno estatal y municipal, además de que –según versión de Jacobo Femat– “los jornaleros tienen otra cultura: son gente que llega del sur del país”.

    Agregó que la postura de Roberto Carlos Domínguez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también fue de menosprecio hacia los jornaleros, ya que asentó que “son un problema social para el estado”, y justificó que los propietarios de los ranchos o campos agrícolas no paguen el seguro social de los trabajadores, porque se contratan con quienes les ofrecen mejor paga, aunque lleguen apalabrados con alguien más.

    Comentó que ante la actitud de indiferencia de los asistentes a la reunión por el maltrato a los jornaleros y las condiciones insalubres en las que viven en los campos agrícolas, la Cocyp demandó que se lleve a cabo una nueva reunión en la que participen funcionarios de más alto nivel y diputados federales.

    En la reunión también se denunciaron las amenazas y hostigamiento en contra de Laura Salas Reyes, integrante de la Cocyp que ha asumido la defensa de los derechos de los jornaleros.

    http://www.jornada.unam.mx/2007/10/26/index.php?section=politica&article=013n1pol