Por: Javier Ramírez , Reportero
Semana del 7 al 13 de octubre de 2007
07 de octubre de 2007 | Número Epoca II Año II No. 26
A medio milenio del despojo de sus tierras y bosques; víctimas de marginación, miseria, y discriminación, los 15 millones de aborígenes, por enésima ocasión, son desdeñados por el Plan Nacional de Desarrollo
Viven prácticamente a su suerte. Están casi abandonados, marginados, discriminados en su propio país. Sólo son objeto de interés en campañas proselitistas. No hay candidato a cargo de elección popular que no los busque para tomarse una foto con ellos o centrar un discurso populista sobre sus carencias. Son los marginados y excluidos del sistema. Son los indígenas mexicanos.
A medio milenio del despojo de sus tierras y bosques, de marginación, abandono, miseria, saqueo, etnocidio y discriminación, los 15 millones de indígenas mexicanos, por enésima ocasión, fueron desdeñados por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno federal. Los indígenas viven como en el siglo XVI, y la Conquista moderna va por el resto de sus recursos a las montañas.
Mientras las comunidades aborígenes se encuentran en estado de emergencia, porque las grandes transnacionales y el Gobierno mismo las desplazan de sus territorios y las despojan de sus tierras y recursos naturales, las autoridades admiten omisión con los pueblos indígenas.
De acuerdo con información recabada, el Gobierno federal destina de manera insuficiente 30 mil millones de pesos de presupuesto anual a esa población, es decir, a cada indígena le corresponden, en promedio, dos mil pesos.
El próximo 12 de octubre, Día de la Raza, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informa que no tienen ninguna ceremonia oficial, y representantes de ese sector dicen que tampoco tienen que festejar nada.
La situación de esa comunidad casi en nada ha cambiado, a diez años de una radiografía hecha por la Secretaría de la Reforma Agraria, a cargo entonces del ahora extinto Arturo Warman.
En ese documento denominado La transformación agraria se afirma que en México hay 803 municipios con una superficie de 29 millones de hectáreas y una población indígena con “muy alta” y “alta marginalidad”, sin apoyo institucional.
Los grupos nativos ocupan el 73 por ciento de esa superficie. Y en las tres cuartas partes de ese mismo territorio se reporta la existencia de cuatro mil 998 ejidos y mil 297 comunidades con presencia indígena, en donde se observa poco potencial productivo, inadecuado aprovechamiento de la tierra, un deterioro en sus recursos naturales, carencia de infraestructura, minifundio, junto con una crisis del sector agropecuario.
Según información de la SRA, las organizaciones campesinas solamente hacen gestiones en 56 de los 803 municipios con presencia indígena, lo que indica una “baja cobertura”, y se asegura que 8.7 millones de aborígenes hablan 59 lenguas en 20 estados de la República.
RECURRENTE, DESPOJO DE TIERRAS
En relación con la problemática agraria, iniciada en 1519 con la llegada de los españoles, con la ocupación paulatina del territorio por los peninsulares, tanto las guerras como la despoblación, el despojo de las tierras de los indios y las sublevaciones con altibajos se repitieron en la historia mexicana.
El documento de marras de la SRA indica que “los postulados de los planes de San Luis Potosí y de Ayala, la ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 constitucional de 1917 no dejan duda de reintegrar sus tierras a los pueblos y comunidades indígenas”.
Refiere que en muchos casos los pueblos habitados por indígenas no podrían demostrar la propiedad de las tierras que les habían sido arrebatadas, pues ya no tenían los títulos primordiales otorgados durante la época colonial. De ese modo a muchos poblados indígenas no se les restituyeron sus tierras comunales, sino que se les dotó con ejidos.
El documento afirma que “sin desconocer el origen de la cuestión agraria, en la actualidad ésta no se circunscribe a los pueblos indígenas. Por ello en el sector agrario no existe un programa específico para su atención, sino para todos los campesinos mexicanos”.
Hace referencia a que organismos como la Dirección de Antropología y Poblaciones Regionales, de la Secretaría de Agricultura y Fomento en 1917, y el Departamento de Asuntos Indígenas en 1936 se encargaban de la problemática de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Y el Instituto Nacional Indigenista (INI), creado en 1948, participaba en la acción agraria de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales a favor de esas comunidades.
El diagnóstico hecho de los pueblos nativos no tiene precisión, aunque no es privativo del sector agrario, pues “refleja una de tantas omisiones que es necesario corregir en la nueva relación de los pueblos indígenas con la sociedad nacional y el Estado”.
La Constitución mexicana apunta en su artículo 27 que “la propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, que tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada”, e “...imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
Y en la misma Ley Agraria, en su apartado 106, abunda que “las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el Artículo cuarto y el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 27 constitucional”.
MUCHAS CARENCIAS,
POCOS APOYOS
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, asegura que en la agenda legislativa en materia de pueblos indígenas están pendientes reformas constitucionales, “sobre todo en temas trascendentales como la protección de tierras, territorios, recursos naturales y derecho a la representación política en el Poder Legislativo.
“Los pueblos indígenas reclaman el derecho al desarrollo, en donde países como México y América Latina el gasto social que se destina año con año para pueblos indígenas es insuficiente, y desde el Congreso de la Unión el año pasado incrementamos sustancialmente el presupuesto para pueblos indígenas”.
Oriundo de la comunidad náhuatl guerrerense, el legislador perredista señala a QUEHACER POLÍTICO que “los pueblos originarios han sido abandonados y olvidados históricamente por la sociedad nacional, y se acuerdan de los pueblos indígenas cuando viene alguna catástrofe, terremoto, una sublevación social, una insurrección; la lucha armada no está descartada en México ni América Latina, pero por supuesto que en el Legislativo siempre apostamos al diálogo político, a los acuerdos parlamentarios y de entendimiento común”.
Admite que es “insuficiente” el apoyo que se les da a las comunidades étnicas, aunque, agrega, “sin duda hay algunos esfuerzos; el pueblo indígena mexicano se siente excluido, olvidado, y siente que no ha recibido el trato adecuado por parte de sus gobiernos del corte político que sea. Por eso hay un vacío de los pueblos indígenas en los procesos políticos electorales, y por eso el abstencionismo es muy alto, porque no sienten que a sus aspiraciones se les dé respuesta”.
Rechaza que las comunidades indígenas hayan sido utilizadas; simplemente es una parte de México que no se le ha querido ver, y “en México somos 15 millones de indígenas repartidos en todo el territorio nacional, desde la frontera norte con los yaquis, los guarigios, los rarámuris, y representamos el 12 por ciento de la población nacional”.
Los pueblos indígenas, recuerda, “fueron expulsados de las tierras planas, de los valles, de las tierras agrícolas, y nos orillan a irnos a las montañas a sobrevivir, a refugiarnos en las regiones inhóspitas, en donde la conquista moderna del siglo XXI va por el agua, bosque, minerales, petróleo y oro, en la cual no hay una situación de armonía como quisiéramos en las civilizaciones del mundo moderno”.
Sin precisar la superficie de tierra agraria despojada, el diputado perredista apunta que “sin duda ha sido una cantidad considerable que ha pasado a otras manos, y en México se llama latifundismo, el acaparamiento de tierras, los hacendados; son situaciones que siguen prevaleciendo hasta hoy día, por eso es que el pueblo indígena no se siente reflejado en las políticas de Gobierno”.
También desconoce el número de tierras de propiedad social que poseen los indígenas, pero, aclara, “las grandes represas de agua están en el sureste; ahí se genera mucha electricidad, pero paradójicamente los pueblos indígenas no tienen energía eléctrica, hospitales, salud, agua; has de cuenta que seguimos viviendo como en el siglo XVI; hay pueblos sin satisfactores básicos a los que deberían de tener derecho todos los mexicanos”.
En Oaxaca, Guerrero y Chiapas la pobreza “es más terrible. En Oaxaca hay comunidades que no tienen electrificación, siguen careciendo de agua, servicios médicos, no hay los servicios más indispensables que es el tener derecho a una educación primaria; son necesidades añejas, históricas y centenarias de las que no se les ha dado respuesta a los pueblos indígenas; los gobiernos y los estados han fallado”.
Dice que en “Oaxaca y Chiapas la sublevación en 2004 se originó en gran medida por la pobreza ancestral del estado; en Guerrero se han presentado sublevaciones acompañadas por la pobreza de los pueblos indígenas; son centenas de comunidades en donde prevalece esta situación”.
Al preguntarle sobre la Oficina de Atención a los Pueblos Indígenas en la administración de Vicente Fox, explica que en “la primera etapa los pueblos indígenas estaban interesados, porque mediante la señora (Xóchitl) Gálvez y la protección de la magia del poder de la Presidencia se avanzó algo en México”, sin embargo, añade, “esa oficina de la Presidencia de la República en México ha desaparecido, al final de cuentas se requieren instituciones sólidas que puedan durar más de un sexenio”.
La creada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que preside Luis H. Álvarez, “es una institución débil y marginal que no tiene el nivel de una secretaría de Estado con un poder económico para darle respuesta a 15 millones de indígenas en el país”, afirma el diputado del sol azteca.
Explica que “el año pasado liberamos alrededor de 30 mil millones de pesos; creemos que debería de haber un presupuesto de 40 mil millones de pesos anualmente para abatir el rezago histórico; ahora nosotros dentro de 25 ó 30 días vamos a entrar en la batalla del presupuesto de pueblos indígenas, creemos que vamos a llegar a 30 ó 32 mil millones de pesos, que no ayuda gran cosa, pero será un paso relevante e importante; en años pasados el porcentaje de incremento había sido menor, y a los pueblos indígenas, en México y América Latina, se destinan los terroncitos más pequeños”.
Una gran parte de los indígenas migra a las grandes ciudades, como al Distrito Federal, a países como Estados Unidos, y a otras capitales medias, y los que se quedan siguen dedicándose a la agricultura, al comercio, a la artesanía, comenta Matías Alonso, quien refiere que las comunidades aborígenes, por su situación de pobreza, han migrado a las grandes urbes, donde se carece de preparación para atenderlos. En la ciudad de México hay dos millones de indígenas que reclaman educación.
Asevera que “no hay nada que celebrar en torno al Día de la Raza; es un día que nosotros lo vamos a conmemorar para recordar nuestra historia, nuestros orígenes, y también para pensar en nuestro futuro, la lucha de los pueblos indígenas, la resistencia, la dignidad; más bien no tenemos qué festejar, tenemos que pensar en un día de dignidad”.
El Gobierno, dice, “hace alguna ceremonia oficial que no tiene mayor trascendencia; nosotros acostumbramos hacer reuniones, concentraciones con pueblos indígenas, pero se usa para reivindicar los derechos”.
Asienta que “son 500 años de olvido del poder y el Estado; aunque se ha reconocido el carácter pluricultural o plurilingüe, en la vida cotidiana es muy difícil, hay mucha resistencia por reconocer esta otra parte de nuestro mundo indígena en México y América Latina”.
INDIOS EN LA MARGINACIÓN
Y MISERIA: HELADIO RAMÍREZ
La Confederación Nacional Campesina (CNC), en voz del senador Heladio Ramírez López, denuncia que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Felipe Calderón “discrimina a más de 12 millones de indígenas del país, y sólo rinde tributo a las corporaciones transnacionales, que cada vez más imponen sus condiciones”.
En entrevista con este semanario, sostiene que el PND prevé un crecimiento del país basado en la productividad, pero sin hablar de la necesidad de la participación social en la economía y la distribución justa de la riqueza.
“La propuesta del Gobierno federal en materia indígena mantiene intacto el modelo económico y social impuesto por los organismos financieros internacionales”, acusa Ramírez López, quien califica este hecho de gran “irresponsabilidad” porque mantiene sumidos a los indios en la marginación y miseria, además de que se desprecia a nuestra multiplicidad de lenguas, y la actual administración ve como algo natural su extinción”.
Mientras el etnocidio aumenta, destaca, “la tecnocracia y su modelo económico, a través del movimiento corporativo transnacional, imponen sus condiciones. La maquinación consiste en convertir a los pueblos en consumidores irracionales e incultos, allanando cualquier expresión y diferencia que no se ajuste al objetivo de transformar a la sociedad en mano de obra barata, desposeída de cultura, patrimonio y raciocinio”.
Por eso expresa su repudio a este modelo que “propone una sola forma de tenencia, la privada; una sola lengua, el inglés; una sola ganancia, la de las grandes corporaciones transnacionales; una sola cultura, la incultura occidental, y una sola organización, el individualismo.
“Así ha sido en toda la historia –lamenta–, pues salvo las honrosas excepciones de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, prevalecen las traiciones, la marginación y el despojo del patrimonio original de los pueblos indios”.
El senador priísta e indígena mixteco llama a reconocer a los enemigos de la nación y ubicar las fortalezas de la patria, e invita a los jóvenes indígenas a tomar conciencia y combatir el deterioro cultural lingüístico, biológico y económico al que se ha sometido a los pueblos indios.
“En el Plan Nacional de Desarrollo busqué un cambio del modelo y no encontré el mínimo vestigio. Por otro lado, intenté localizar un compromiso claro del Estado mexicano para cambiar las cosas; no existe la menor insinuación de cumplir con este mandato contundente establecido en nuestra Constitución Política”, expresa.
En el tema del desarrollo sustentable, el Plan Nacional de Desarrollo también muestra su falta de compromiso con los sectores sociales de mayor vulnerabilidad, refiere, quien, asegura que “en México se insiste en dejar fuera a los pueblos indígenas de la lucha contra el calentamiento global, la desertización y la destrucción sistemática de los recursos naturales, lo cual resulta una barbaridad”.
Indica que el 90 por ciento de los recursos biológicos permanecen en propiedad ejidal y comunal, que los indígenas han sido desplazados a los lugares más inhóspitos del país, pero que el Gobierno no acepta el manejo comunal de las tierras y no se contempla un compromiso claro de pagar los servicios ambientales, proporcionados por los ejidos y las comunidades indias.
Critica el asistencialismo o limosnas que se ofrecen a los pueblos nativos de México y duda de un PND que para casi nada los contempla.
Considera que el país se debate en el dilema de conservar la esencia del indigenismo mexicano y afrontar el entorno globalizador que busca, por así convenir a sus intereses, y eliminar cualquier otra forma de vida que no parta de la utilidad, la privatización y el sometimiento al capital.
Al recordar la demanda hecha por el Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural para que el Gobierno de Felipe Calderón aplique y haga realidad la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, recién aprobada en septiembre pasado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ramírez López expresa que el documento constituye un hecho de enorme trascendencia.
Serán beneficiados más de 15 millones de indígenas mexicanos que cotidianamente son discriminados, desplazados de sus territorios y despojados de sus tierras y recursos naturales no sólo por grandes corporaciones transnacionales, sino incluso por sus propios gobiernos, que en nombre de la utilidad pública (expropiación) o del bien de la nación, quitan sin una indemnización justa y equitativa, y la mayoría de las veces ni siquiera con la molestia de una explicación.
El también Presidente del Frente de Legisladores y ex gobernador oaxaqueño –uno de los estados con mayor número de etnias en el país–, puntualiza que con la aprobación de la declaración se llena uno de los más grandes vacíos en el sistema internacional de los derechos humanos. Se sientan las bases de la nueva relación entre los pueblos indios, los estados y las sociedades.
Al mismo tiempo se abre el camino hacia la aceptación universal de la dimensión colectiva de sus derechos, contraria a la visión discriminatoria que tiende a negar los derechos colectivos y privilegia los individuales.
“Como mexicanos –expresa– debemos sentirnos alentados, no sólo por la contribución decidida y permanente de nuestro país al logro de esta declaración universal, sino porque algunos de los principios y derechos fundamentales que ella consigna, constan ya en el artículo segundo de nuestra Constitución, como es el caso de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas.
“Pero la Declaración Universal va mucho más allá. Consta de 46 artículos, en los que se reconoce a los pueblos indígenas conceptos tomados en su mayoría de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se establecen obligaciones a los estados nacionales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, entre las que sobresalen la preservación de los idiomas, tradiciones y culturas de los pueblos indios.
ONU, CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
“El reconocimiento de la ONU proscribe la discriminación y la explotación en el trabajo, y se garantiza el acceso pleno de los indígenas al desarrollo, a la educación y a la salud, lo mismo que el respeto a sus instituciones y formas de organización y gobierno.
“Se reconoce su derecho a no ser desplazados de sus tierras o territorios, y a que su reubicación, en caso de ser necesaria por razones de fuerza mayor, no pueda ser llevada a cabo sin consentimiento previo e informado, tras una decisión tomada con entera libertad”, explica el senador.
Sin embargo, añade, “en el país casi nada de eso se cumple y que para México, como Estado y como nación, la Declaración abre un nuevo tiempo de reflexión, debates y esfuerzos para construir y hacer realidad los nuevos enunciados”.
Ramírez López sostiene que no solamente se trata de adecuar nuestra legislación a los principios y derechos que la Declaración reconoce, sino, “principalmente, de hacer realidad los mandatos ya existentes en nuestra Constitución y leyes secundarias; hacer que la letra de la ley cobre vida en la realidad social; construir en los hechos y en la vida cotidiana de nuestras relaciones humanas, la justicia pendiente que mantiene a nuestros pueblos indios entre los socialmente excluidos, y entre los pobres más pobres de México y del planeta.
“Los pueblos indios requieren una vigorosa, clara y audaz política de cambio y desarrollo en su lucha contra la desigualdad y la pobreza, que abarque tanto los aspectos institucionales como productivos, y la manera como deben articularse a la globalidad, al mercado local y nacional, con base en la movilización de su esfuerzo participativo, en sus propias capacidades y en las fuerzas internas que viven en su cultura”, concluye.
Así las cosas, se observa cómo este sector es el gran pendiente de las clases gobernantes. Y como aseguran las voces críticas, este 12 de octubre, llamado pomposante Día de la Raza, no hay nada que festejar, sino por el contrario, es ocasión para tomar conciencia que por perversidad e ignorancia los hemos menospreciado y pisoteado, olvidándonos que nuestro origen glorioso es indígena, y son ellos los custodios y salvaguardas del árbol de la sabiduría y única opción para salir de la crisis nacional que habrá de arrollarnos.
http://www.quehacerpolitico.com.mx/articulo.php?art_id=2776
Viven prácticamente a su suerte. Están casi abandonados, marginados, discriminados en su propio país. Sólo son objeto de interés en campañas proselitistas. No hay candidato a cargo de elección popular que no los busque para tomarse una foto con ellos o centrar un discurso populista sobre sus carencias. Son los marginados y excluidos del sistema. Son los indígenas mexicanos.
A medio milenio del despojo de sus tierras y bosques, de marginación, abandono, miseria, saqueo, etnocidio y discriminación, los 15 millones de indígenas mexicanos, por enésima ocasión, fueron desdeñados por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno federal. Los indígenas viven como en el siglo XVI, y la Conquista moderna va por el resto de sus recursos a las montañas.
Mientras las comunidades aborígenes se encuentran en estado de emergencia, porque las grandes transnacionales y el Gobierno mismo las desplazan de sus territorios y las despojan de sus tierras y recursos naturales, las autoridades admiten omisión con los pueblos indígenas.
De acuerdo con información recabada, el Gobierno federal destina de manera insuficiente 30 mil millones de pesos de presupuesto anual a esa población, es decir, a cada indígena le corresponden, en promedio, dos mil pesos.
El próximo 12 de octubre, Día de la Raza, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informa que no tienen ninguna ceremonia oficial, y representantes de ese sector dicen que tampoco tienen que festejar nada.
La situación de esa comunidad casi en nada ha cambiado, a diez años de una radiografía hecha por la Secretaría de la Reforma Agraria, a cargo entonces del ahora extinto Arturo Warman.
En ese documento denominado La transformación agraria se afirma que en México hay 803 municipios con una superficie de 29 millones de hectáreas y una población indígena con “muy alta” y “alta marginalidad”, sin apoyo institucional.
Los grupos nativos ocupan el 73 por ciento de esa superficie. Y en las tres cuartas partes de ese mismo territorio se reporta la existencia de cuatro mil 998 ejidos y mil 297 comunidades con presencia indígena, en donde se observa poco potencial productivo, inadecuado aprovechamiento de la tierra, un deterioro en sus recursos naturales, carencia de infraestructura, minifundio, junto con una crisis del sector agropecuario.
Según información de la SRA, las organizaciones campesinas solamente hacen gestiones en 56 de los 803 municipios con presencia indígena, lo que indica una “baja cobertura”, y se asegura que 8.7 millones de aborígenes hablan 59 lenguas en 20 estados de la República.
RECURRENTE, DESPOJO DE TIERRAS
En relación con la problemática agraria, iniciada en 1519 con la llegada de los españoles, con la ocupación paulatina del territorio por los peninsulares, tanto las guerras como la despoblación, el despojo de las tierras de los indios y las sublevaciones con altibajos se repitieron en la historia mexicana.
El documento de marras de la SRA indica que “los postulados de los planes de San Luis Potosí y de Ayala, la ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 constitucional de 1917 no dejan duda de reintegrar sus tierras a los pueblos y comunidades indígenas”.
Refiere que en muchos casos los pueblos habitados por indígenas no podrían demostrar la propiedad de las tierras que les habían sido arrebatadas, pues ya no tenían los títulos primordiales otorgados durante la época colonial. De ese modo a muchos poblados indígenas no se les restituyeron sus tierras comunales, sino que se les dotó con ejidos.
El documento afirma que “sin desconocer el origen de la cuestión agraria, en la actualidad ésta no se circunscribe a los pueblos indígenas. Por ello en el sector agrario no existe un programa específico para su atención, sino para todos los campesinos mexicanos”.
Hace referencia a que organismos como la Dirección de Antropología y Poblaciones Regionales, de la Secretaría de Agricultura y Fomento en 1917, y el Departamento de Asuntos Indígenas en 1936 se encargaban de la problemática de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Y el Instituto Nacional Indigenista (INI), creado en 1948, participaba en la acción agraria de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales a favor de esas comunidades.
El diagnóstico hecho de los pueblos nativos no tiene precisión, aunque no es privativo del sector agrario, pues “refleja una de tantas omisiones que es necesario corregir en la nueva relación de los pueblos indígenas con la sociedad nacional y el Estado”.
La Constitución mexicana apunta en su artículo 27 que “la propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, que tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada”, e “...imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
Y en la misma Ley Agraria, en su apartado 106, abunda que “las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el Artículo cuarto y el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 27 constitucional”.
MUCHAS CARENCIAS,
POCOS APOYOS
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, asegura que en la agenda legislativa en materia de pueblos indígenas están pendientes reformas constitucionales, “sobre todo en temas trascendentales como la protección de tierras, territorios, recursos naturales y derecho a la representación política en el Poder Legislativo.
“Los pueblos indígenas reclaman el derecho al desarrollo, en donde países como México y América Latina el gasto social que se destina año con año para pueblos indígenas es insuficiente, y desde el Congreso de la Unión el año pasado incrementamos sustancialmente el presupuesto para pueblos indígenas”.
Oriundo de la comunidad náhuatl guerrerense, el legislador perredista señala a QUEHACER POLÍTICO que “los pueblos originarios han sido abandonados y olvidados históricamente por la sociedad nacional, y se acuerdan de los pueblos indígenas cuando viene alguna catástrofe, terremoto, una sublevación social, una insurrección; la lucha armada no está descartada en México ni América Latina, pero por supuesto que en el Legislativo siempre apostamos al diálogo político, a los acuerdos parlamentarios y de entendimiento común”.
Admite que es “insuficiente” el apoyo que se les da a las comunidades étnicas, aunque, agrega, “sin duda hay algunos esfuerzos; el pueblo indígena mexicano se siente excluido, olvidado, y siente que no ha recibido el trato adecuado por parte de sus gobiernos del corte político que sea. Por eso hay un vacío de los pueblos indígenas en los procesos políticos electorales, y por eso el abstencionismo es muy alto, porque no sienten que a sus aspiraciones se les dé respuesta”.
Rechaza que las comunidades indígenas hayan sido utilizadas; simplemente es una parte de México que no se le ha querido ver, y “en México somos 15 millones de indígenas repartidos en todo el territorio nacional, desde la frontera norte con los yaquis, los guarigios, los rarámuris, y representamos el 12 por ciento de la población nacional”.
Los pueblos indígenas, recuerda, “fueron expulsados de las tierras planas, de los valles, de las tierras agrícolas, y nos orillan a irnos a las montañas a sobrevivir, a refugiarnos en las regiones inhóspitas, en donde la conquista moderna del siglo XXI va por el agua, bosque, minerales, petróleo y oro, en la cual no hay una situación de armonía como quisiéramos en las civilizaciones del mundo moderno”.
Sin precisar la superficie de tierra agraria despojada, el diputado perredista apunta que “sin duda ha sido una cantidad considerable que ha pasado a otras manos, y en México se llama latifundismo, el acaparamiento de tierras, los hacendados; son situaciones que siguen prevaleciendo hasta hoy día, por eso es que el pueblo indígena no se siente reflejado en las políticas de Gobierno”.
También desconoce el número de tierras de propiedad social que poseen los indígenas, pero, aclara, “las grandes represas de agua están en el sureste; ahí se genera mucha electricidad, pero paradójicamente los pueblos indígenas no tienen energía eléctrica, hospitales, salud, agua; has de cuenta que seguimos viviendo como en el siglo XVI; hay pueblos sin satisfactores básicos a los que deberían de tener derecho todos los mexicanos”.
En Oaxaca, Guerrero y Chiapas la pobreza “es más terrible. En Oaxaca hay comunidades que no tienen electrificación, siguen careciendo de agua, servicios médicos, no hay los servicios más indispensables que es el tener derecho a una educación primaria; son necesidades añejas, históricas y centenarias de las que no se les ha dado respuesta a los pueblos indígenas; los gobiernos y los estados han fallado”.
Dice que en “Oaxaca y Chiapas la sublevación en 2004 se originó en gran medida por la pobreza ancestral del estado; en Guerrero se han presentado sublevaciones acompañadas por la pobreza de los pueblos indígenas; son centenas de comunidades en donde prevalece esta situación”.
Al preguntarle sobre la Oficina de Atención a los Pueblos Indígenas en la administración de Vicente Fox, explica que en “la primera etapa los pueblos indígenas estaban interesados, porque mediante la señora (Xóchitl) Gálvez y la protección de la magia del poder de la Presidencia se avanzó algo en México”, sin embargo, añade, “esa oficina de la Presidencia de la República en México ha desaparecido, al final de cuentas se requieren instituciones sólidas que puedan durar más de un sexenio”.
La creada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que preside Luis H. Álvarez, “es una institución débil y marginal que no tiene el nivel de una secretaría de Estado con un poder económico para darle respuesta a 15 millones de indígenas en el país”, afirma el diputado del sol azteca.
Explica que “el año pasado liberamos alrededor de 30 mil millones de pesos; creemos que debería de haber un presupuesto de 40 mil millones de pesos anualmente para abatir el rezago histórico; ahora nosotros dentro de 25 ó 30 días vamos a entrar en la batalla del presupuesto de pueblos indígenas, creemos que vamos a llegar a 30 ó 32 mil millones de pesos, que no ayuda gran cosa, pero será un paso relevante e importante; en años pasados el porcentaje de incremento había sido menor, y a los pueblos indígenas, en México y América Latina, se destinan los terroncitos más pequeños”.
Una gran parte de los indígenas migra a las grandes ciudades, como al Distrito Federal, a países como Estados Unidos, y a otras capitales medias, y los que se quedan siguen dedicándose a la agricultura, al comercio, a la artesanía, comenta Matías Alonso, quien refiere que las comunidades aborígenes, por su situación de pobreza, han migrado a las grandes urbes, donde se carece de preparación para atenderlos. En la ciudad de México hay dos millones de indígenas que reclaman educación.
Asevera que “no hay nada que celebrar en torno al Día de la Raza; es un día que nosotros lo vamos a conmemorar para recordar nuestra historia, nuestros orígenes, y también para pensar en nuestro futuro, la lucha de los pueblos indígenas, la resistencia, la dignidad; más bien no tenemos qué festejar, tenemos que pensar en un día de dignidad”.
El Gobierno, dice, “hace alguna ceremonia oficial que no tiene mayor trascendencia; nosotros acostumbramos hacer reuniones, concentraciones con pueblos indígenas, pero se usa para reivindicar los derechos”.
Asienta que “son 500 años de olvido del poder y el Estado; aunque se ha reconocido el carácter pluricultural o plurilingüe, en la vida cotidiana es muy difícil, hay mucha resistencia por reconocer esta otra parte de nuestro mundo indígena en México y América Latina”.
INDIOS EN LA MARGINACIÓN
Y MISERIA: HELADIO RAMÍREZ
La Confederación Nacional Campesina (CNC), en voz del senador Heladio Ramírez López, denuncia que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Felipe Calderón “discrimina a más de 12 millones de indígenas del país, y sólo rinde tributo a las corporaciones transnacionales, que cada vez más imponen sus condiciones”.
En entrevista con este semanario, sostiene que el PND prevé un crecimiento del país basado en la productividad, pero sin hablar de la necesidad de la participación social en la economía y la distribución justa de la riqueza.
“La propuesta del Gobierno federal en materia indígena mantiene intacto el modelo económico y social impuesto por los organismos financieros internacionales”, acusa Ramírez López, quien califica este hecho de gran “irresponsabilidad” porque mantiene sumidos a los indios en la marginación y miseria, además de que se desprecia a nuestra multiplicidad de lenguas, y la actual administración ve como algo natural su extinción”.
Mientras el etnocidio aumenta, destaca, “la tecnocracia y su modelo económico, a través del movimiento corporativo transnacional, imponen sus condiciones. La maquinación consiste en convertir a los pueblos en consumidores irracionales e incultos, allanando cualquier expresión y diferencia que no se ajuste al objetivo de transformar a la sociedad en mano de obra barata, desposeída de cultura, patrimonio y raciocinio”.
Por eso expresa su repudio a este modelo que “propone una sola forma de tenencia, la privada; una sola lengua, el inglés; una sola ganancia, la de las grandes corporaciones transnacionales; una sola cultura, la incultura occidental, y una sola organización, el individualismo.
“Así ha sido en toda la historia –lamenta–, pues salvo las honrosas excepciones de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, prevalecen las traiciones, la marginación y el despojo del patrimonio original de los pueblos indios”.
El senador priísta e indígena mixteco llama a reconocer a los enemigos de la nación y ubicar las fortalezas de la patria, e invita a los jóvenes indígenas a tomar conciencia y combatir el deterioro cultural lingüístico, biológico y económico al que se ha sometido a los pueblos indios.
“En el Plan Nacional de Desarrollo busqué un cambio del modelo y no encontré el mínimo vestigio. Por otro lado, intenté localizar un compromiso claro del Estado mexicano para cambiar las cosas; no existe la menor insinuación de cumplir con este mandato contundente establecido en nuestra Constitución Política”, expresa.
En el tema del desarrollo sustentable, el Plan Nacional de Desarrollo también muestra su falta de compromiso con los sectores sociales de mayor vulnerabilidad, refiere, quien, asegura que “en México se insiste en dejar fuera a los pueblos indígenas de la lucha contra el calentamiento global, la desertización y la destrucción sistemática de los recursos naturales, lo cual resulta una barbaridad”.
Indica que el 90 por ciento de los recursos biológicos permanecen en propiedad ejidal y comunal, que los indígenas han sido desplazados a los lugares más inhóspitos del país, pero que el Gobierno no acepta el manejo comunal de las tierras y no se contempla un compromiso claro de pagar los servicios ambientales, proporcionados por los ejidos y las comunidades indias.
Critica el asistencialismo o limosnas que se ofrecen a los pueblos nativos de México y duda de un PND que para casi nada los contempla.
Considera que el país se debate en el dilema de conservar la esencia del indigenismo mexicano y afrontar el entorno globalizador que busca, por así convenir a sus intereses, y eliminar cualquier otra forma de vida que no parta de la utilidad, la privatización y el sometimiento al capital.
Al recordar la demanda hecha por el Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural para que el Gobierno de Felipe Calderón aplique y haga realidad la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, recién aprobada en septiembre pasado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ramírez López expresa que el documento constituye un hecho de enorme trascendencia.
Serán beneficiados más de 15 millones de indígenas mexicanos que cotidianamente son discriminados, desplazados de sus territorios y despojados de sus tierras y recursos naturales no sólo por grandes corporaciones transnacionales, sino incluso por sus propios gobiernos, que en nombre de la utilidad pública (expropiación) o del bien de la nación, quitan sin una indemnización justa y equitativa, y la mayoría de las veces ni siquiera con la molestia de una explicación.
El también Presidente del Frente de Legisladores y ex gobernador oaxaqueño –uno de los estados con mayor número de etnias en el país–, puntualiza que con la aprobación de la declaración se llena uno de los más grandes vacíos en el sistema internacional de los derechos humanos. Se sientan las bases de la nueva relación entre los pueblos indios, los estados y las sociedades.
Al mismo tiempo se abre el camino hacia la aceptación universal de la dimensión colectiva de sus derechos, contraria a la visión discriminatoria que tiende a negar los derechos colectivos y privilegia los individuales.
“Como mexicanos –expresa– debemos sentirnos alentados, no sólo por la contribución decidida y permanente de nuestro país al logro de esta declaración universal, sino porque algunos de los principios y derechos fundamentales que ella consigna, constan ya en el artículo segundo de nuestra Constitución, como es el caso de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas.
“Pero la Declaración Universal va mucho más allá. Consta de 46 artículos, en los que se reconoce a los pueblos indígenas conceptos tomados en su mayoría de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se establecen obligaciones a los estados nacionales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, entre las que sobresalen la preservación de los idiomas, tradiciones y culturas de los pueblos indios.
ONU, CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
“El reconocimiento de la ONU proscribe la discriminación y la explotación en el trabajo, y se garantiza el acceso pleno de los indígenas al desarrollo, a la educación y a la salud, lo mismo que el respeto a sus instituciones y formas de organización y gobierno.
“Se reconoce su derecho a no ser desplazados de sus tierras o territorios, y a que su reubicación, en caso de ser necesaria por razones de fuerza mayor, no pueda ser llevada a cabo sin consentimiento previo e informado, tras una decisión tomada con entera libertad”, explica el senador.
Sin embargo, añade, “en el país casi nada de eso se cumple y que para México, como Estado y como nación, la Declaración abre un nuevo tiempo de reflexión, debates y esfuerzos para construir y hacer realidad los nuevos enunciados”.
Ramírez López sostiene que no solamente se trata de adecuar nuestra legislación a los principios y derechos que la Declaración reconoce, sino, “principalmente, de hacer realidad los mandatos ya existentes en nuestra Constitución y leyes secundarias; hacer que la letra de la ley cobre vida en la realidad social; construir en los hechos y en la vida cotidiana de nuestras relaciones humanas, la justicia pendiente que mantiene a nuestros pueblos indios entre los socialmente excluidos, y entre los pobres más pobres de México y del planeta.
“Los pueblos indios requieren una vigorosa, clara y audaz política de cambio y desarrollo en su lucha contra la desigualdad y la pobreza, que abarque tanto los aspectos institucionales como productivos, y la manera como deben articularse a la globalidad, al mercado local y nacional, con base en la movilización de su esfuerzo participativo, en sus propias capacidades y en las fuerzas internas que viven en su cultura”, concluye.
Así las cosas, se observa cómo este sector es el gran pendiente de las clases gobernantes. Y como aseguran las voces críticas, este 12 de octubre, llamado pomposante Día de la Raza, no hay nada que festejar, sino por el contrario, es ocasión para tomar conciencia que por perversidad e ignorancia los hemos menospreciado y pisoteado, olvidándonos que nuestro origen glorioso es indígena, y son ellos los custodios y salvaguardas del árbol de la sabiduría y única opción para salir de la crisis nacional que habrá de arrollarnos.
http://www.quehacerpolitico.com.mx/articulo.php?art_id=2776
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